El abogado de La Almadraba asegura que los vecinos deberán pagar su desarrollo

Ante sí tenía una difícil empresa, puesto que prácticamente era una lucha entre David y Goliat. Una pequeña barriada contra toda una administración, pero tras años de lucha se consiguió evitar el derribo de las casas, tras conseguir el deslinde de la zona de servidumbre de Costas. Para el letrado José Antonio Gamero fue un punto y aparte en su carrera.

Ahora lo que queda, una vez cerrada la discusión sobre la legalización de estos inmuebles, es llevar a cabo el desarrollo de la zona y para ello precisa de un Plan Especial. En torno a su redacción se ha levantado una trifulca política entre el Partido Popular y el Partido Socialista, algo que para el letrado que continúa defendiendo los intereses de La Almadraba no «tiene sentido» ya que lo que se discute, tras el informe desfavorable emitido por la Junta, son cuestiones técnicas «perfectamente asumibles mediante las correcciones oportunas».

Eso sí, lo que deja claro es que el documento, tal y como está ahora mismo, impone una serie de cargas a los vecinos que por tanto tendrían que poner de su bolsillo el coste del desarrollo de esta zona. «Por las obligaciones que impone al propietario implícitamente lo está considerando suelo urbano no consolidado al hacer recaer en los propietarios el deber de urbanizar a su costa y ejecutar las zonas verdes, redactar un proyecto de reparcelación y por tanto distribuir los beneficios y cargas».

Y todo cuando en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se cataloga como suelo urbano consolidado toda la zona, sin obligaciones de urbanizar ni ceder nada al municipio nada, ni tan siquiera el 10% del aprovechamiento subjetivo como en el urbano no consolidado. «Cuando un suelo se ha demostrado que es urbano consolidado, lo es y no puede dejar de serlo. El propio PGOU establece como actuación urbanizadora con cargo al Patrimonio Municipal de Suelo la urbanización y mejora ambiental de la barriada de la Almadraba, entre otras barriadas semejantes de la ciudad, como La Casería, Buen Pastor o Camposoto, que pudieron nacer al margen de la legalidad, sin licencias pero que el plan de 1992 incorporó al casco urbano de la ciudad de manera irreversible».