El CGPJ pone objeciones a la Ley de Justicia Gratuita de Gallardón

La Ley de Justicia Gratuita de Alberto Ruiz-Gallardón recibió ayer un aldabonazo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Comisión de Estudios rechazó por tres votos a dos la ponencia de la vocal Concepción Espejel, favorable a la nueva norma que regula el acceso a la justicia gratuita de los ciudadanos.

Los vocales contrarios a la ley, Margarita Robles, Margarita Uria y Carles Cruz, cuestionaron que el Gobierno haya regulado mediante un decreto-ley la aplicación inmediata de sus efectos y pusieron en duda que el nuevo umbral económico para acceder a este derecho, 15.975,33 euros anuales, suponga en la práctica un aumento del número de los beneficiarios.

Los tres vocales, en cambio, sí aceptaron la extensión de la Justicia Gratuita a colectivos como maltratadas, víctimas de trata de seres humanos y terrorismo o menores y discapacitados psíquicos que hayan sufrido abuso o maltrato, aunque señalaron la ausencia en la norma a discapacitados físicos y trabajadores. El nuevo ponente del informe será el vocal progresista Carles Cruz.

Cruz llevará su informe a una nueva Comisión de Estudios, lo que hace improbable que este asunto pueda discutirse en el Pleno del Consejo del Poder Judicial convocado para el próximo 7 de marzo. La derrota de la ponencia inicial no significa que determinados puntos del documento vayan a ser desechados, pues la extensión a trabajadores o discapacitados físicos de la ley ha sido una de las ideas respaldadas.

A la hora de describir las modalidades de unidad familiar, también se apoyó en que el cómputo de los ingresos económicos adolece de una falta de referencia a las parejas de hecho, lo que puede resultar «discriminatorio» para los matrimonios. En su caso, se tienen en cuenta los ingresos percibidos por ambos miembros, mientras que tratándose de convivientes de hecho se computarían como personas no integradas en una unidad familiar.