La inmobiliaria Reyal Urbis presenta la segunda mayor suspensión de pagos

Cuando desde el Gobierno y desde la banca se empieza a hablar de que la salida de la crisis económica se vislumbra para finales de este año o 2014, la cruda realidad vuelve a presentar la situación de una empresa que no puede hacer frente a sus deudas. El grupo inmobiliario Reyal Urbis presentó ayer en el juzgado solicitud de concurso de acreedores voluntario al no haber alcanzado un acuerdo con sus acreedores para refinanciar su deuda. El endeudamiento financiero neto de la empresa asciende a 3.613 millones de euros, con datos a cierre del tercer trimestre de 2012, y el próximo 23 de febrero vencía el plazo para 2.600 millones. Con los últimos datos publicados por la empresa, correspondientes al tercer trimestre de 2012, presentaba unos fondos propios negativos y unas pérdidas de 257 millones de euros. Reyal Urbis cuenta con activos inmobiliarios valorados en 4.194 millones por Jones Lang en junio de 2012. El valor de mercado de los terrenos e inmuebles terminados en esa fecha ascendía a 3.260 millones. La CNMV suspendió la cotización de Reyal Urbis, cuya acción estaba a 0,124 euros. Se trata de la segunda mayor suspensión de pagos de la historia empresarial española, solo por detrás de la protagonizada por Martinsa Fadesa en 2009 con 7.100 millones de pasivo.

El principal acreedor de Reyal Urbis es el Estado a través de la Sareb -que suma una deuda de 707 millones al haber asumido los préstamos al promotor de las entidades nacionalizadas-, Hacienda -que tiene pendiente de cobro casi 400 millones de euros- y el Instituto de Crédito Oficial -con 215 millones-. En el listado de entidades acreedoras figuran también el Banco Santander -que ha provisionado gran parte de los créditos-, el fondo Appaloosa (comprador de la deuda de Barclays), Banco Popular, FMS, Caixa Geral, EuroHypo, RBS y BBVA.

Reyal Urbis ya había presentado preconcurso el pasado 23 de octubre, lo que le daba cuatro meses de plazo para seguir negociando. La banca no ha aceptado refinanciar la deuda de la empresa -lo ha hecho ya dos veces- ni el ofrecimiento de canjear activos por deuda. En los primeros años de la crisis, las entidades financieras aceptaron refinanciar a las inmobiliarias e incluso entrar en el capital. Ha sido un embargo de cinco millones de euros de las cuentas de Reyal Urbis para pagar deudas derivadas de pleitos y la última propuesta presentada a la banca para obtener 30 millones de euros de liquidez adicional con los que hacer frente a pagos de proveedores y de intereses a la Agencia Tributaria, lo que ha provocado la presentación final del concurso.

No obstante, el presidente de Reyal Urbis, Rafael Santamaría confía en lograr un acuerdo en el futuro porque «se ha constatado la buena voluntad de todas las partes negociadoras». Al tratarse de un concurso voluntario, continúan al frente de la empresa sus actuales directivos.

Como en otras empresas, el endeudamiento de Reyal se disparó al comprar la inmobiliaria Urbis a Banesto en 2006 por casi 3.300 millones de euros, lo que proporcionó jugosas plusvalías al banco. Después llegó el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y los problemas para las empresas del ladrillo. Desde que empezó la crisis, la sociedad impulsó una política de reducción de sus gastos de estructura, pero, debido a la fuerte contracción del mercado inmobiliario, la caída de sus ingresos por venta de inmuebles y arrendamientos fue muy superior.

Trabajadores y clientes

La empresa cuenta con 420 empleados, de los cuales 137 trabajan en la actividad inmobiliaria y 283 en la hotelera. Un portavoz de Reyal Urbis aseguró que en estos momentos no se contemplan ajustes de plantilla. También recalcó que no hay ningún cliente afectado. El grupo dispone en 'stock' de más de 780 unidades sobre rasante de inmuebles terminados, y no ha iniciado nuevas promociones desde hace tres años. A mitad del año 2011, Reyal Urbis comunicaba al mercado que «ante el continuado deterioro de la situación general del sector inmobiliario» comenzaba un proceso de negociación con sus acreedores para garantizar su actividad en el medio y largo plazo. Desde entonces, ha intentado alcanzar un acuerdo con los diferentes acreedores.