El Gobierno prevé que los ayuntamientos recorten los sueldos este mismo año

El Gobierno prevé que los ayuntamientos decidan este mismo año cuáles de sus concejales son los afectados por la reforma de la administración local, es decir, quiénes dejarán de cobrar por su labor. La norma será de aplicación inmediata, según han aclarado fuentes del Ministerio de Hacienda, una vez que sea aprobada por las Cortes Generales. Es decir, no afectará solo a los consistorios que se creen a partir de las elecciones de 2015 sino a los ya constituidos.

En muchos casos, sobre todo en los ayuntamientos pequeños, la ley no producirá grandes cambios. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) asegura que el 80% de concejales no cobra ya, especialmente en los pueblos. La idea es que dejen de hacerlo el 82% del total. Aunque el Gobierno no da por buena la cifra de partida, la diferencia está en cómo se distribuirá ese porcentaje. «Ahora no habrá ningún municipio en el que todos tengan sueldo», explican en el Ministerio.

Así, de los 33 ediles con los que cuenta un municipio de entre 700.000 a un millón de habitantes, por ejemplo, solo 25 podrán ser retribuidos; en los que cuentan con entre medio millón y 700.000 habitantes, tendrán sueldo 22 concejales de los 31 que les atribuye la ley electoral, y así sucesivamente. En lo que no entra la futura norma, en todo caso, es en las cuantías de las dietas por asistencia a plenos, que sí percibirán aquellos que no tengan dedicación exclusiva.

No es este asunto, en todo caso, el que más polémica puede suscitar, una vez el Ejecutivo ha renunciado a su idea de reducir el tamaño de las corporaciones en un 30%. La reforma, que aún no pasa de ser un informe de anteproyecto, alterará el mapa de competencias y abrirá las puertas a la externalización o privatización de la gestión de servicios que hoy dan los ayuntamientos. E incluso a su desaparición.

La «prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social» pasará a manos de las comunidades autónomas, que tendrán que hacerse cargo de ellas en el plazo de un año. De la «participación en la gestión de la atencion primaria de la salud», de la educación infantil de primer ciclo, la programación de la enseñanza, la creación, construcción y sostenimiento de centros públicos docentes de infantil, especial y primaria también se ocuparán las autonomías y tendrán cinco años para hacerlo. Pero, y aquí viene el foco de conflicto, deberán hacerlo sin financiación extra.

Eso puede dar pie a que la asistencia que hoy reciben muchos ciudadanos desaparezca o a que se recurra a la privatización; algo que el Ministerio asume. «Lo importante -dicen- es que los servicios los tenga el ciudadano, quién sea el prestador es lo de menos».

Coste máximo obligatorio

Otro punto de fricción, especialmente con el PSOE, está en que el Ejecutivo pretende que los servicios los preste aquella administración que pueda hacerlo a un determinado «coste estándar» que él mismo se encargará de fijar. Es más, nadie podrá rebasar ese coste. Las cuantías están aún por definir, aunque el Gobierno hará una propuesta a las comunidades y los ayuntamientos en los próximos días.

Fuentes del ministerio sostienen que esta decisión obedece a una lógica de economías de escala porque los análisis del Instituto de Estudios Fiscales demuestran que los municipios de menos de 5.000 habitantes llegan a pagar hasa tres veces más que los de más de 100.000 por un mismo servicio.

Conforme a esta nueva máxima, los ayuntamientos que presten un servicio a un coste superior al fijado tendrán que suprimirlo cuando se trate de una competencia impropias (por ejemplo, las escuelas infantiles). Si se trata de competencia mínima, y el municipio tiene menos de 20.000 habitantes, el servicio pasará a manos de la diputación provincial.

De este modo, se incentivan las fusiones. El Ejecutivo descarta la supresión de municipios pero, en cambio, la reforma contempla la desaparición de entorno a 4.000 entidades locales menores o pedanías y cerca de mil mancomunidades.