Los cinco desahucios de La Caridad, paralizados por el juez

Han sido dos semanas de desesperación, nervios y llantos». Tras recibir la notificación judicial, Paco pudo respirar tranquilo de saberse con una oportunidad para salvar su hogar. Él fue la cara y la voz de las cinco familias que ayer estuvieron en la cuerda floja, a punto de ser desalojados de sus viviendas. Ubicadas en la barriada de La Caridad, las unifamiliares fueron compradas a un promotor chiclanero hace seis años, pero pese a los requerimientos de los vecinos, éste no llegó a ejecutar el contrato de venta ni a subrogar el préstamo hipotecario que el empresario mantenía con el banco.

El cinco de febrero les fue comunicado que tenían que marcharse. Pero el desahucio múltiple, que estaba previsto para las doce del mediodía, fue paralizado por el Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto, que ha habierto una investigación para esclarecer los hechos.

Alrededor de un centenar de personas, entre las que se encontraban miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Jerez y del Foro Social Portuense, se dieron ayer cita en La Caridad para apoyar a los dieciocho afectados y tratar de evitar su desalojo por parte de la Policía, que se personó en el lugar. Algo que no fue necesario, puesto que a primera hora, recibieron una comunicación judicial que paralizaba el lanzamiento.

De momento, no hay una nueva fecha para el mismo y según Francisco López Granado, portavoz de las familias, el Juzgado va a indagar este caso complejo, vinculado con la operación 'Tequila', de corrupción urbanística, en el que están implicados ex responsables políticos del Ayuntamiento de El Puerto, como el ex alcalde, Hernán Díaz y el que fuera su concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez.

Sin escrituras

Y es que los tres mil metros sobre los que se encuentran los inmuebles están catalogados como suelo urbano no consolidado, y pese a ello Proyectos Inmobiliarios Guadalquivir obtuvo la licencia de obras. López Granado narró que cada comprador entregó, a modo de señal, una cantidad de dinero al promotor -en su caso, 81.000 euros-; y firmaron un contrato privado de compra venta. Pero pasaron los meses y nunca llegaron a registrar las propiedades a su nombre, ni a hacer las escrituras ni el traspaso del préstamo hipotecario que el empresario mantenía con Banesto por la compra del suelo y que ronda 1,2 millones de euros.

Con embargos

Cuando comenzaron a llegarles las órdenes de embargo, por impago, tanto de la entidad bancaria, como de Hacienda y la Seguridad Social, decidieron ocupar las viviendas, por miedo a perderlas y a no recuperar el dinero de la señal. «Iniciamos una negociación verbal con el banco, y nos dijeron que cuando se hiciera la subasta pública, se la adjudicarían a ellos mismos y llegaríamos a un acuerdo para comprarles las propiedades, pero nuestra sorpresa ha sido recibir la orden de desalojo».

El portavoz de los afectados añadió que el valor de las casas, recientemente tasadas, es de 150.000 euros. Sin embargo el precio por el que se las vendieron, aún en plena burbuja inmobiliaria, ascendía a 330.000. «Nosotros lo que queremos es conservar nuestras casas, tener un techo donde vivir, pagándolo por supuesto, pero llegar a un acuerdo con el banco que no nos deje en la calle». Lorenzo Barba, presidente de la Plataforma, consideró que la presión social y de los medios de comunicación ha sido determinante para la paralización de los desahucios. «Seguiremos en la lucha y llegaremos donde tengamos que llegar para que la situación de estas cinco familias, víctimas de un caso de corrupción urbanística, se solucione».