'Brotes verdes' en la morosidad al restar lastre banca y administraciones

El sector financiero, que ha dado al Gobierno muchos de los quebraderos de cabeza que viene padeciendo en los últimos meses, ofreció ayer lo que algunos analistas calificaron de 'brotes verdes' aunque matizados, tras descender por vez primera desde marzo de 2011 la tasa de mora de la banca. En concreto, ésta se situó en el 10,34% al cierre de diciembre, por debajo de la frontera del 11% que llegó a superar el año pasado (11,38% en noviembre) aunque todavía claramente por encima del nivel que registró durante la anterior crisis del sistema, a principios de los años 90. De hecho, no existe previsión de que descienda por debajo de los dos dígitos hasta, al menos, mediados del presente ejercicio, dado que el dato de diciembre se considera excepcional en varios sentidos.

El «principal» de ellos es un factor coyuntural muy específico, reconocieron en el Banco de España (BdE). Según su explicación, la reducción en el peso de los créditos dudosos -167.447 millones al cierre de 2012, un 12% menos que el mes anterior- «no corresponde, en su mayor parte», a una disminución en el riesgo de impago desde las empresas y las familias. Es decir, que ni la calidad de los préstamos ha mejorado ni tampoco los morosos han encontrado nuevos recursos con los que empezar a pagar sus deudas.

Entonces, ¿qué ha pasado para que esa tasa de mora baje un punto básico? Pues que al transferirse de forma masiva al llamado 'banco malo' los activos tóxicos de las entidades han dejado de computar para el BdE, dado que la citada sociedad de gestión (Sareb) no figura como entidad financiera. Por lo tanto, no es que se hayan saldado esas deudas; solo han cambiado de manos (de acreedor). Precisamente para tratar de evitar una nueva ampliación de capital (sería la cuarta), la Sareb ha elevado los descuentos previstos (salvo para la vivienda terminada) para esos traspasos, situándolos en el 49% para los préstamos a los promotores inmobiliarios y en el 66% para los activos adjudicados.

Cabe pensar, no obstante, que en los próximos meses se registre una nueva caída de esa tasa de mora, debido a que hasta diciembre solo se habían traspasado los inmuebles y carteras de créditos ligados al 'ladrillo' de las entidades del llamado Grupo 1 (las nacionalizadas como Bankia, Catalunya Banc, Novacaixagalicia Banco y Banco de Valencia) y la semana pasada ya se ultimó la incorporación de los 15.000 millones en activos de riesgo procedentes del Grupo 2 (que precisan ayuda pública para encontrar capital como Liberbank, BMN, Caja 3 y Banco Ceiss).

Los efectos de ese importante traspaso de activos se han ido extendiendo también al conjunto de la cartera de crédito, incluyendo por tanto la que está garantizada. De esta forma, el saldo vivo de los préstamos concedidos por las entidades financieras terminó el año pasado en 1,6 billones de euros -su nivel más bajo desde abril de 2007-, tras reducirse en 76.500 millones durante diciembre. Una décima parte de ellos son precisamente dudosos.

Fondo de Liquidez

El otro 'brote verde' de la jornada también esconde un desencadenante excepcional, en este caso el dinero dispuesto por las comunidades gracias al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dotado con 18.000 millones de euros en 2012 y 23.000 millones en 2013, si bien solo una parte -aunque importante- ha sido destinado al pago a proveedores. Gracias a esas aportaciones, la deuda de las administraciones territoriales con los autónomos se redujo en 699 millones de euros entre diciembre y febrero, hasta quedar situada en 4.811 millones (un 12,7% menos), la mitad de los cuales arrastra ya más de un año de antigüedad.

Las comunidades que más redujeron esa deuda -en parte también por su propia política regional de ajuste de gastos- fueron Extremadura (un 24,6% menos, hasta los 153 millones), País Vasco (-21,2%) y Cantabria (-17,9%), junto a Castilla y León (-16,2%). Por el contrario, las que menos la amortizaron fueron Aragón (-3,2%), Canarias (-4,6%), Murcia (-4,7%) y Asturias (-4,8%).

A pesar de ese recorte, las administraciones siguen tardando una media de cinco meses (148 días, 15 menos que a finales de 2012) en pagar las facturas que emiten, cinco veces más que el período máximo (30 días) permitido por la Ley de Morosidad -vigente desde julio de 2010- y la directiva europea contra la morosidad -que se empezará a aplicar el próximo 16 de marzo-. Estos plazos, además, contrastan con los del sector privado, donde el promedio de cobro se reduce hasta los tres meses (95 días) -a menos tamaño societario, se abona antes la deuda-, si bien también algo por encima del límite legal (90 días). En total, las empresas aún deben a los autónomos otros 6.000 millones.