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Bolivia expropia la filial de Abertis y Aena que gestiona tres aeropuertos
Evo Morales acusa a Sabsa de no invertir lo suficiente, mientras el Gobierno español amenaza con romper las relaciones bilaterales
MADRID. Actualizado: GuardarEvo Morales ha decidido expropiar Servicio de Aeropuertos de Bolivia Sociedad Anónima (Sabsa), la filial de Abertis y Aena que gestiona los tres principales aeropuertos del país. El Gobierno boliviano justifica la nacionalización de la empresa por las «insuficientes inversiones» que, a su juicio, había realizado durante los últimos años para el mantenimiento de los aeródromos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El Ejecutivo español, por su parte, habla de «acto inamistoso» y advierte de que se replanteará las relaciones bilaterales con Bolivia. Abertis, que controla el 90% de Sabsa, dice «respetar» la decisión boliviana, aunque pide que el proceso se realice «conforme a los principios internacionales de derecho».
Evo Morales anunciaba en un discurso que su Gobierno procedía a nacionalizar «las 66.374 acciones que conforman el paquete accionario encabezado por Abertis S. A., salvo las tres acciones que pertenecen a personas individuales» para traspasarlas al Estado. El acto de expropiación quedó materializado en la ocupación militar de los tres aeropuertos, si bien portavoces del gobierno boliviano precisaron que el despliegue «no es un tema de fuerza, sino simbólico». El Gobierno nombró además un interventor provisional que se hará cargo de la administración de los aeródromos. Ahora se abre un plazo de 180 días en el que una empresa independiente deberá definir la cantidad que se pagará a la compañía española en concepto de indemnización.
Morales explicó que planeaba «desde años atrás» la expropiación de Sabsa, aunque «por razones de carácter diplomático» había intentado llegar a un acuerdo. «El ministro y los exministros de Obras Públicas negociaron con la empresa para que ellos puedan invertir y estos esfuerzos lamentablemente fueron en vano. No hemos podido entendernos», aseguró el dirigente boliviano. Morales sostiene que Sabsa debía invertir 26,9 millones de dólares entre 2006 y 2001, pero que sin embargo solo desembolsó 5,9. El dirigente contrapuso estas cifras con las ganancias que, según su versión, obtuvo la empresa en 2011, y que ascendieron a 20,6 millones. Además, censuró los «sueldos exorbitantes» percibidos por los ejecutivos de la compañía.
Por su parte, Abertis destacó el «importante esfuerzo inversor» en los tres aeropuertos, traducido en 12,6 millones de dólares entre 2005 y 2012, además del pago de «cánones a la autoridad competente por un importe de 38,6 millones de dólares, e impuestos por 9,4». La empresa de infraestructuras recuerda que en su día reclamó al Gobierno boliviano 90 millones de euros en concepto de «daños sufridos» por «los diversos incumplimientos del Estado de Bolivia del contrato de concesión». Según Abertis, Bolivia congeló en 2003 las tarifas por servicios de embarque y aterrizaje, y dos años más tarde las rebajó de forma «arbitraria» e «ilegal». En todo caso, Abertis asegura que la expropiación de Sabsa «tiene un impacto nulo en las cuentas» de la empresa.
Protesta española
El Gobierno español, a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, «deplora profundamente» la acción del Ejecutivo boliviano. «España no cuestiona el derecho soberano de un Estado sobre sus recursos y servicios públicos, pero defiende que toda expropiación debe hacerse previo pago del justiprecio según una valoración justa e independiente del bien expropiado». El titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo había advertido previamente desde Bruselas que el Gobierno tomaría «todas las medidas necesarias» y que la expropiación de Sabsa «tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales».
En menos de un año, Evo Morales ha decretado la nacionalización de seis empresas españolas. En mayo de 2012 expropiaba la filial de Red Eléctrica y en diciembre hacía lo propio con cuatro de Iberdrola, por las que aún no ha pagado indemnización alguna. A esto hay que añadir la nacionalización de YPF en Argentina, impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que se llevó a cabo en abril del pasado año.