«El acusado le ha tomado el pelo a este tribunal»

El juicio que ha vuelto a sentar en el banquillo de los acusados a Carlos Javier Rojas, acusado de estafar a una veintena de personas en la venta de coches de gama alta a precios asequibles, pudo arrancar ayer en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial después de que fuera suspendido en dos ocasiones en junio y noviembre del año pasado. En la primera de ellas, Carlos Javier Rojas, conocido por su otra faceta como supuesto brujo de una secta satánica por la que tiene pendiente otro juicio, se comprometió a conseguir el dinero que adeuda a sus antiguos clientes a cambio de quedar en libertad provisional. Un acuerdo poco común en el que pocos confiaban. Ni el mismo acusado que en una entrevista concedida a LA VOZ a finales de diciembre negaba que hubiera existido tal pacto y anunciaba que no tenía el dinero prometido.

Ayer fue la magistrada que preside el tribunal profesional de la Sección Cuarta la que le recordó cómo había firmado de su puño y letra ese acuerdo. Lo hizo al regresar a la sala después de deliberar unos minutos. La defensa de Carlos Javier Rojas había intentado una vez más suspender la vista oral. Los recursos efectistas se habían agotado y sólo le quedaba al letrado recurrir a algún resquicio de urgencia para plantear una serie de cuestiones previas que apelaban a la nulidad.

El abogado planteó que a su cliente no le habían notificado ni el auto que convertían las diligencias en procedimiento abreviado ni el que comunicaba la apertura del juicio oral. También se refirió el letrado a irregularidades en la foliación de las hojas del sumario. Es decir, una serie de problemas formales que nunca habían sido planteados por la defensa, pese a que la causa judicial se abrió en 2007 y el juicio se había suspendido en dos ocasiones. Este argumento fue el que empleó la magistrada para desestimar y echar por tierra el intento de «ralentizar» aún más el caso. «No le reprocho nada a usted -dirigiéndose al abogado- que ejerce de forma loable el ejercicio de la defensa- pero sí al acusado que le ha tomado el pelo a este tribunal».

Desmontada la estrategia, llegó el turno del acusado, que como ya había anticipado a este periódico, le echó la culpa a su antiguo socio en el concesionario Autos Desi. «Me fui a Palma de Mallorca a buscar ayuda y cuando regresé, me encontré con el local desmantelado y este señor se había llevado el dinero de las cuentas». Carlos Javier Rojas negó haber tenido acceso al dinero de los clientes salvo cuando le entregaban los anticipos para la adquisición de un coche: «Siempre le entregaba el dinero a él. Yo era la cara visible del negocio y él estaba siempre detrás, manejándolo todo».

El acusado respondió sólo a las preguntas de la fiscal y de su letrado, apartando de su declaración las cuestiones que traían preparadas los abogados de las víctimas. Y del interrogatorio del Ministerio Fiscal se guardó la respuesta a una pregunta: «¿En qué trabaja?». El acusado quiso dejar claro a los presentes que tenía cerrado algún tipo de proyecto profesional pero no podía desvelar su contenido. Ni tan siquiera a la acusación pública que solicita para él una pena de 10 años de prisión por delitos como estafa, amenazas, obstrucción a la Justicia y falsedad documental.

La fiscal le interrogó por cada una de las operaciones que cerró con los afectados. A todos les ofrecieron vehículos caros (Audi, Mercedes o BMW) a precios muy competitivos porque, según se promociona Autos Desi, eran de importación. Carlos Javier Rojas negó acordarse de la mayoría de las víctimas; tan sólo en tres ocasiones reconoció que la empresa le debía dinero a tres personas. Pero volvió a responsabilizar a su exsocio: «Yo se lo decía, ese dinero no es tuyo, es de los clientes».

Esta persona, que no ha sido procesada, fue el primer testigo en declarar. Explicó que en marzo de 2007 fue disuelta la sociedad que habían creado meses antes porque había pedido dos préstamos personales para hacer frente al arranque del negocio y no veía posibilidades de recuperar la inversión. «La cuenta de la sociedad no tenía nunca dinero. Sé posteriormente que Carlos se presentó varias veces en el banco con cheques en los que había falsificado mi firma». Este funcionario de la Autoridad Portuaria aseguró que no estaba en el día a día del negocio y que su función fue la de socio capitalista.

Los afectados vinieron a corroborar esta afirmación porque todos señalaron al acusado como la persona con quien habían cerrado los tratos. Todos adelantaron cantidades, algunas cercana a los 40.000 euros, por unos vehículos que nunca recibieron. Otros aseguraron que llegaron a recibir amenazas del acusado para que le quitaran la denuncia.