Rajoy antepone la economía a la corrupción en el Debate de la Nación

Nunca España ha asistido a un Debate sobre el estado de la Nación, la cita parlamentaria por excelencia, en un clima de enojo, hartazgo e insatisfacción ciudadana como el que protagonizará Mariano Rajoy esta semana. Ni el Gobierno ni el PSOE querrían, o eso dicen, que la discusión se convierta en un cruce de reproches y letanías de 'y tú más' sobre la corrupción. Y, sin embargo, el jefe del Ejecutivo, es consciente de que está obligado a ofrecer argumentos que disipen las dudas que se ciernen sobre su partido y de que esta vez no bastará con hablar de economía.

Sobre Rajoy pesa la exigencia de dimisión planteada por el líder de la oposición hace ya dos semanas; reiterada durante la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles y viva, muy viva, en el discurso que Alfredo Pérez Rubalcaba ya ha empezado a pergeñar para la ocasión. También esto es inédito. Ningún presidente del Gobierno se había enfrentado a una petición de renuncia en su primer año de gestión. Otro síntoma de lo excepcional del momento.

En todo caso, no se irá. Los propios socialistas lo tienen asumido. Al contrario, el presidente del Gobierno trata y tratará de convertir esa demanda -que ya hace tiempo habían planteado grupos como Izquierda Unida o UPyD- en un ejercicio de irresponsabilidad y de falta de sentido de Estado. Su afán es transmitir la idea de que todos los sacrificios exigidos rendirán frutos en el medio plazo. Nada que no haya dicho antes. Pero, en un intento de ganar credibilidad, su equipo sopesa introducir una fecha a partir de la cual se bajarán impuestos.

Es probable, así, que Rajoy lance esa promesa, que hasta ahora situaba en el vago plazo de «en cuando sea posible», en el horizonte del 2015, el último año de la legislatura. Sus rivales creen que tiene poco margen para la iniciativa política y que, salvo la futura reforma de las pensiones, vendible de cara a Europa, pero en absoluto popular en clave interna, tiene difícil ofrecer ya nuevas propuestas.

De eso pretendían sacar ventaja los socialistas hasta que los coletazos de la trama 'Gürtel' y en concreto el escándalo del extesorero del PP Luis Bárcenas y las dudas sobre la financiación irregular del PP irrumpieron en escena. El PSOE entiende que esta es una buena ocasión para que Rubalcaba, liberado siquiera temporalmente de las trifulcas y cuestionamientos internos que lastraron su labor de oposición durante 2012, refuerce su perfil de hombre de Estado. Sin embargo, en el entorno del líder socialista admiten que la brecha que abierta con el PP a raíz de los últimos acontecimientos dificultan su estrategia.

Dramas sociales

El gran acuerdo contra la corrupción que había propuesto Rubalcaba antes de que estallara la 'bomba' de los supuestos sobresueldos en el número 13 de la madrileña calle Génova ha quedado en suspenso. No parece lógico abrir un diálogo con alguien a quien se pide la dimisión. Con este escenario como base, el líder de la oposición pondrá el acento, pues, en las cuestiones sociales. Y, especialmente, dicen fuentes de la dirección de su partido, en el «drama del paro».

Los socialistas aclaran en todo caso que no consideran todos los puentes definitivamente rotos y que aún creen conveniente busar un gran acuerdo por el empleo, como el que Rubalcaba propuso hace tres semanas, con «medidas concretas y dotación económica para crear empleo y ayudar a empresarios y emprendedores».

Pero, por más que uno y otro quieran evitar que la corrupción lo contamine todo, Rajoy y Rubalcaba también hablarán de sus propuestas para «mejorar la democracia» y ganar en transparencia.

El jefe del Ejecutivo tiene dos bazas: la modificación de la futura Ley de Transparencia para que también sea de aplicación a los partidos políticos y las recomendaciones del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Con todo el resto de la cámara en contra, y muchos de sus propios diputados aún conmocionados por las noticias que afectan al partido, el presidente del Gobierno se enfrenta a un serio reto.