Oxígeno para las pymes

La reestructuración financiera emprendida en España tiene como uno de sus grandes objetivos la recuperación de la normalidad en el flujo del crédito. No se trata de volver a las disparatadas tasas de crecimiento que se alcanzaron en tiempos de la burbuja inmobiliaria, sino de aliviar la sequía de préstamos que padecen las pequeñas y medianas empresas (pymes), que está estrangulando el crecimiento.

Los mercados mayoristas del dinero se están abriendo para las grandes compañías, pero al Gobierno le toca incentivar el crédito a las pymes. El miércoles, en el Debate sobre el estado de la Nación, el presidente Mariano Rajoy prevé desgranar propuestas que irían desde la creación de un nuevo mercado de deuda privada a la reconsideración de ciertos tipos de préstamos, pasando por un papel mayor para las entidades nacionalizadas hasta llegar, incluso, a la eventual asunción pública de una parte de las pérdidas en caso de fallidos. Ideas estas últimas que chocan con la reducción del déficit y el compromiso de minimizar los costes del rescate bancario para el Estado.

El Ejecutivo presentará esta batería como un ambicioso programa global de financiación de las pymes a corto y medio plazo, pero los expertos creen que obtener frutos llevará su tiempo. Para ello ha pedido la colaboración del sector financiero. Entre otras sugerencias, sobre la mesa destaca la flexibilización en las líneas de mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para rebajar el coste de financiación en los sectores y empresas de mayor perfil de riesgo. También se estudian cambios como la reducción de la fiscalidad en los documentos de giro de alta calidad para facilitar su descuento. El Ejecutivo parece bien dispuesto a fortalecer con garantías públicas la actividad de las aseguradoras comerciales (CESCE, Crédito y Caución) y también a impulsar las Sociedades de Garantía Recíproca, facilitando su concentración y su coordinación con el ICO para hacerlas más solventes y eficaces.

Los bancos le han propuesto, además, la cesión de una parte de los derechos de cobros de IVA para adelantarlos vía financiación a las empresas. Asimismo, hay una serie de medidas técnicas de notable alcance, como la reclasificación de los préstamos a las pymes entre los activos ponderados por riesgo, a fin de que su concesión consuma menos capital que otras operaciones. Incluso la Autoridad Bancaria Europea (EBA) se mueve en esta dirección.

El párrafo 27 del Memorando de Entendimiento (MoU) -el pliego de condiciones exigidas para la asistencia financiera de los socios europeos- insta al Gobierno a reforzar la intermediación financiera no bancaria. En el caso de las pymes, los instrumentos habituales (emisiones directas de pagarés, bonos u obligaciones) presentan dificultades. El inversor desconfía del riesgo de impago y de la falta de liquidez del título que adquiere, mientras la empresa se enfrenta a unos costes generalmente elevados al retribuir a quien le proporciona el dinero y pagar, por añadidura, unos gastos fijos (de estructuración de la operación y de comisiones) demasiado altos.

Mercado alternativo

El Ejecutivo va a promover la creación de un mercado alternativo de renta fija, en el que se puedan negociar pagarés y bonos, con la idea de dar liquidez a la inversión. Arturo Rojas y Javier Pérez Somoza, economistas de Analistas Financieros Internacionales, perciben dificultades en esta alternativa a la intermediación bancaria. Calculan que los costes solo podrían ser asumidos en las emisiones por importe superior a los cinco millones de euros. Para afrontar los riesgos, sugieren que el bono pueda emitirse con el aval explícito de la entidad colocadora. También plantean la creación de fondos de inversión que inviertan en deuda de pymes, con el incentivo de alguna ventaja fiscal, como sucede con los fondos de capital riesgo.

Desde 2009 existe en España un Mercado Alternativo Bursátil (MAB) que ofrece a las pymes de mayor dimensión una vía para captar fondos propios, Rojas y Pérez Somoza han analizado los resultados obtenidos hasta ahora y constatan que su evolución ha sido más lenta de lo esperado. Así, de las 22 empresas listadas en la actualidad, dos están suspendidas por su delicada situación financiera. En conjunto, todas captaron 90 millones de euros en sus procesos de incorporación al MAB.

Advierten estos expertos que las compañías que se han aventurado en este mercado no han encontrado complicidad suficiente en la demanda de los inversores. De manera que si los costes de salida fueron inicialmente del 8% al 10%, en las últimas operaciones han llegado a subir, como media, a porcentajes del 15% al 18%. Por ello, un importante número de medianas empresas ha desistido de acudir a esta opción.

En cuanto a la dotación del plan, nada se sabe oficialmente, si bien en el sector se maneja una cifra de hasta 30.000 millones de euros en créditos en 2013 (el ICO dio 27.500 en 2012), de los cuales la banca privada -con la que aún se sigue negociando- podría llegar a aportar un tercio.