La vicepresidenta sugiere que el espionaje político está «generalizado» en Cataluña

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría distinguió entre Cataluña y el resto de España en lo que a espionaje político se refiere. «Puede que allí sea (una práctica) generalizada», pero en las demás comunidades «no es lo habitual». Una impresión rechazada de plano por la Generalitat, cuyo portavoz, Francesc Homs, dijo no tener «ni la sensación ni la información» para pensar que «todo el mundo tiene o ha tenido los teléfonos pinchados y micros en todas partes». Más bien relacionó la aparición de estos casos con la postura soberanista de su Gobierno.

La número dos de Mariano Rajoy sostuvo que las vigilancias indeseadas o la grabación de conversaciones privadas son delitos «muy graves» y el Gobierno, aseguró, está dispuesto a ir «hasta el final» para perseguirlos y conseguir que sus autores sean castigados. Reclamó a la Policía, los fiscales y a los jueces que actúen «con toda contundencia» para acabar con estas prácticas ilegales.

Precisó que la Brigada de Delitos Tecnológicos de Barcelona se ha hecho cargo de la investigación a raíz de la denuncia presentada por la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, cuya conversación privada con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola en un restaurante fue grabada al parecer por detectives de la agencia Método 3 a instancias, según las informaciones publicadas, del PSC. Confió en que sea un hecho aislado y «una excepción» que no se puede generalizar entre las fuerzas políticas catalanas, aunque es «muy llamativa» la cantidad de circunstancias que se han mezclado en este caso.

Señaló que el Gobierno no sabe «si se ha espiado ni cuánto costaban los informes ni quién los ha comprado». Ignora también si en el restaurante en que al parecer fueron grabadas Sánchez-Camacho y su interlocutora, Victoria Álvarez, «se espiaba o no a todo el mundo o selectivamente». En todo caso, insistió, se trata de delitos muy graves que serán castigados cuando la investigación policial dé frutos. La red de espionaje de Método 3 y otras agencias de detectives realizó alrededor de medio millar de informes sobre políticos y empresarios, de acuerdo a las informaciones de la prensa catalana.

No es casualidad

El Gobierno catalán sí tiene una idea de por qué ocurre esto ahora. Cree que no es ninguna casualidad que los episodios de espionaje y buena parte de los casos de corrupción que dibujan un panorama de una Cataluña en crisis y en decadencia, se hayan destapado coincidiendo con el proyecto hacia la independencia emprendido por el Ejecutivo de Artur Mas.

Una hipótesis que Sáenz de Santamaría rechazó con rotundidad porque «siempre que salen noticias» de este tipo o de otro el portavoz del Gobierno catalán «lo liga con el mismo tema», la soberanía. «Que deje a la Fiscalía y a los jueces investigar sin meternos en mayores asuntos», reclamó la vicepresidenta.

Pero Homs siguió a lo suyo: «Han pasado cosas en los últimos meses que es evidente que tienen que ver con el proceso soberanista». Entre esas cosas, citó las informaciones publicadas durante la campaña electoral sobre la existencia de supuestas cuentas en Suiza a nombre de Artur Mas y Jordi Pujol, que tenían como base supuestos informes policiales, pero que nadie ha sido capaz de determinar de dónde procedían. «Aquellas informaciones eran porque el proceso electoral iba muy vinculado al proyecto soberanista», dijo Homs, que ayer intervino en una conferencia en la Universidad Autónoma de Madrid.

Eso sí, «no sé si este caso en concreto (el de los espionajes) están en este terreno, no lo sé, pero extraño lo es y mucho», concluyó. Homs se preguntó por qué los episodios de supuestas grabaciones se conocen ahora y no hace dos años. En cualquier caso, reclamó que se investigue con celeridad el incidente de espionaje que afecta a la líder del PP catalán y la exnovia de Pujol Ferrusola y que se aclare lo que está pasando. «Nos interesa investigar en profundidad», dijo, a la vez que mostró su disposición a que la Generalitat colabore con la Policía.