Críticas al acuerdo Argentina-Irán sobre el atentado a una mutua judía

El acuerdo entre Argentina e Irán para investigar a ciudadanos de este último país sospechosos de haber participado en el atentado a una mutua judía en Buenos Aires en 1994 está generando gran controversia. 19 años después del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que murieron 85 personas, ambas partes han convenido que el juez argentino que instruye la causa y el fiscal se trasladen a Teherán para interrogar a seis iraníes sobre los que pesa una orden de captura de Interpol desde 2006. Entre ellos se encuentran el actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, y Mohsen Rezzai, excomandante de los Guardianes de la Revolución y candidato a presidente.

Las partes decidieron además crear una Comisión de la Verdad, no vinculante, integrada por cinco juristas de prestigio internacional, de países ajenos a la causa, cuyo eventual rol genera las mayores dudas. El canciller argentino Héctor Timerman, que compareció ayer en el Senado para defender el acuerdo, aseguró que la comisión servirá para «garantizar» la legalidad del proceso. Pero la oposición -que considera este entendimiento como «una claudicación»- y organizaciones de la colectividad judía argentina tienen muchas dudas. Timerman admitió que los imputados podrían negarse a declarar, pero aseguró que «no hay cláusulas secretas ni intereses espurios» detrás del acuerdo. El texto del memorando enviado por la presidenta Cristina Fernández al Congreso el viernes fue presentado por la mandataria como «un paso muy importante para destrabar una causa que estaba absolutamente inmovilizada». Fernández recordó las infructuosas gestiones para lograr la cooperación de Irán, e incluso su propuesta, rechazada por la república islámica, de hacer el juicio en un tercer país, como ocurrió con el proceso por el 'caso Lockerbie' cuando un avión estadounidense fue derribado por terroristas libios.

En una declaración temeraria, el titular de la AMIA, Guillermo Borger, dijo que el memorando «puede ser un paso adelante hacia el precipicio, porque si esto avanza estaríamos dando lugar a un tercer atentado», advirtió. El primero sería el perpetrado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, en el que murieron 22 personas. La presidenta respondió de inmediato que si Borger tenía algún dato sobre este caso «el pueblo argentino y la justicia deben y merecen saberlo».

«Una trampa»

Ayer, horas antes de que Timerman llegara al Congreso para defender el acuerdo, un portavoz de la cancillería iraní negó que, en virtud de lo firmado, el ministro de Defensa de ese país vaya a ser sometido a declaración indagatoria por la justicia argentina. Frente a esa versión, AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas solicitaron a los legisladores que rechacen el texto al considerar que se revelaba como «una trampa». Pero el canciller Ali-Akbar Salehi reafirmó que su país se «adhiere plenamente a las disposiciones del pacto sobre el caso AMIA» y aseguró que con él «la verdad saldrá a la luz».

El acuerdo entre Argentina e Irán no entrará en vigor hasta que sea ratificado por los parlamentos de ambas naciones. Hérctor Timerman advirtió de que «el primer Parlamento que apruebe el memorándum enviará un mensaje al mundo demostrando que su prioridad es la justicia. Quien lo rechace enviará un mensaje distinto, pero igual de contundente».