Gallardón acepta 'tocar' sus tasas para sortear al Defensor del Pueblo

No hay aún concreción, pero el Gobierno está dispuesto a rectificar, siquiera parcialmente, la polémica ley de tasas judiciales que ya ha sido llevada ante el Tribunal Constitucional por la Junta de Andalucía y contra la que otros actores institucionales estudian también presentar recurso. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer que «asumirá» las propuestas que le ha hecho llegar la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para corregir a la baja y, en algunos casos suprimir, esos cargos. Entre otras cosas, según dijo en los pasillos del Congreso, se eliminarán las tasas que devengan de los procedimientos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.

Becerril tiene sobre la mesa varias solicitudes para llevar ante el máximo garante de la Carta Magna una normativa, en vigor desde el pasado diciembre, que a juicio de un amplio sector de la Justicia obstaculiza el derecho a la tutela judicial efectiva. El plazo para decidir si presenta o no recurso concluye el 21 de febrero. Pero antes de hacerlo se reunió con el ministro para plantear algunos cambios. Si con su respuesta Ruiz-Gallardón ha logrado desactivar esta última 'bomba' está aún por ver.

El ministro de Justicia aseguró que en los próximos días, mañana o pasado mañana, explicitará en qué medida está dispuesto a recoger las sugerencias de la Defensora del Pueblo, pero, en todo caso, las calificó de «sensatas» y «muy bien fundamentadas», y aseguró que el Gobierno establecerá «modulaciones a la baja» de las tasas para «supuestos concretos» que citó, durante una comparecencia en el Parlamento, de forma algo vaga. «El Gobierno asume las recomendaciones del Defensor del Pueblo y articularemos los procedimientos legales adecuados para introducir esas recomendaciones en la legislación», aceptó el titular de Justicia.

Entre las modificaciones «sustanciales» del sistema de tasas vigente recomendadas por Becerril están la reducción de la cuantía de las de la primera instancia civil y contencioso-administrativa; la moderación de las tasas en función de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas; y una rebaja para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos.

Exenciones

Además, la Defensora del Pueblo planteó al titular de Justicia la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuicien procedimientos sancionadores; las de los procedimientos de ejecución hipotecaria; las de los recursos de suplicación y casación en el orden social, y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo. Y, según aclaró Ruiz-Gallardón, en algunos casos como el de la ejecución hipotecaria de vivienda habitual se atenderá su petición.

El ministro recordó también que la ley de Justicia gratuita que ya se tramita en el Parlamento contempla la exención del pago de tasas en algunos supuestos concretos -para víctimas de la violencia de género, para víctimas del tráfico de seres humanos, para discapacitados...- pero admitió que el plazo previsto para su entrada en vigor, no antes de septiembre, es demasiado largo. Y se comprometió a buscar el modo de que pueda ser de aplicación «lo antes posible». Pero no dijo cómo.

A su juicio, en todo caso, las propuestas de la Defensora del Pueblo no cuestionan sino que «consolidan» el principio de «un sistema mixto de financiación plenamente constitucional», que es el principio esgrimido por el Ministerio de Justicia para poner en marcha el actual sistema de tasas. «Que no sean solo los contribuyentes con cargo a sus impuesto, sino también una parte de los litigantes -argumentó- los que financien la Justicia».

De hecho, en contra de lo que, textualmente, decía el escrito de recomendaciones de la Defensora, Gallardón defendió que las futuras modificaciones no cambiarán «sustancialmente» el proyecto del Gobierno sino que lo «enriquecen». «Ha visto más cosas y mejor que nosotros en un primer momento», dijo elogiando a Becerril, una veterana de las filas populares.

La ley de tasas judiciales concitó el rechazo de todos los actores judiciales. Desde colectivos de abogados, jueces, fiscales, secretarios judiciales sin distinciones entre las filiaciones ideológicas rechazaron su aplicación. El propio Consejo General del Poder Judicial también se mostró muy crítico con la norma con el argumento de que dificultaba el acceso de los ciudadanos a los tribunales.

En la oposición política el rechazo fue total. El PSOE sostuvo que la iniciativa de Ruiz-Gallardón instauraba una justicia para ricos, los que podrían pagar las tasas, y otra para pobres, los que no podrían hacer frente a las mismas. Pero sus críticas, así como las de los colectivos judiciales, cayeron en saco roto, el ministro, con el aval explícito del presidente del Gobierno, se negó a modificar su aplicación.