El Supremo mantiene la inhabilitación a Sáenz y deja su futuro al Banco de España

El Tribunal Supremo dio ayer un golpe de efecto a una de las intervenciones políticas que más ampollas ha levantado entre sus magistrados: la concesión del indulto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al numero dos del Banco Santander, Alfredo Sáenz, en noviembre de 2011, cuando ya se encontraba en funciones y que permitió al banquero seguir en su puesto.

La Sala de lo Contencioso del alto tribunal acordó por unanimidad anular los efectos administrativos de aquella medida de gracia, que transformó una pena de tres meses de arresto e inhabilitación por un delito de acusación falsa, cometido cuando Alfredo Sáenz presidía Banesto, por una de multa de hasta 3.000 euros. En la práctica, esta decisión suponía cancelar los antecedentes penales del banquero, condición primordial para que cumpliera los requisitos de «honorabilidad» que exige el Banco de España para los ejecutivos del sector financiero.

Ahora, los ocho magistrados de la sala consideran que el Gobierno se extralimitó en sus funciones al aplicar un indulto que tuviera como consecuencia final un efecto administrativo. Para ello admite el recurso presentado por varios empresarios a los que el consejero delegado del Santander acusó falsamente de estafa. Los recurrentes consideraban «ilegal» el párrafo del Real Decreto que amparaba la continuidad de Sáenz si no volvía a cometer un delito doloso en los próximos cuatro años.

Tras esta decisión judicial será el Banco de España quien decida el futuro del consejero delegado del Santander, por ser la entidad competente para determinar si cumple o no el requisito legal de «honorabilidad», imprescindible para seguir ejerciendo como banquero, según exigen las Directivas Europeas y el Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito del Banco de España.

Nueva normativa

En paralelo a este anuncio, el organismo supervisor presidido por Luis María Linde podría aplicar la cláusula del Real Decreto que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy, que modificaría los requisitos de buen gobierno de las entidades financieras, por el que el Banco de España determinará si un directivo condenado podrá seguir ejerciendo.

Así las cosas, la entrada en vigor de esta norma aprobada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), y de aplicación para los países miembros, podría ser fundamental tras la decisión del Supremo. No obstante, el ministro de Economía, Luis de Guindos, garantizó ayer desde Bruselas que los cambios que prepara el Ejecutivo en el reglamento de honorabilidad «no van a favor ni en contra de nadie».

Para realizar una valoración de idoneidad, el Banco de España tendrá en cuenta la trayectoria del consejero o directivo, si existiera alguna condena por la comisión de delitos dolosos y la sanción por la comisión de infracciones administrativas o la existencia de investigaciones relevantes y fundadas, tanto en el ámbito penal como administrativo. «No es tanto un tema de honorabilidad, que lógicamente se tiene que reforzar, sino también de profesionalidad», señaló De Guindos.

Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, afirmó ayer que la decisión del Supremo es «ciertamente importante» y tiene «pocos precedentes en nuestra historia judicial», por lo que es necesario estudiar este asunto en profundidad. Asimismo, aseguró que está dispuesto a darle rango legal a la doctrina de anular los efectos administrativos de este polémico indulto.