La sospecha de pagos en negro persigue ahora al número dos de la patronal

La polémica sobre los pagos en dinero negro, que ha sacudido la vida política en las últimas semanas, sobrevuela ahora la cúpula del empresariado español. Extrabajadores y actuales empleados del grupo hostelero Arturo Cantoblanco, propiedad del presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, denuncian el pago en dinero B de parte del sueldo de sus asalariados.

Los trabajadores hablan del reparto de sobres como una práctica sistemática que nadie ha querido o se ha atrevido a denunciar hasta ahora por miedo a posibles represalias y que, de confirmarse, supondría un fraude a la Seguridad Social y la Hacienda Pública. El asunto, desvelado por la Cadena Ser, ha levantado una gran polvareda. Primero, porque implica al máximo responsable de la CEIM, la patronal madrileña, y uno de los vicepresidentes más influyentes de la CEOE. En segundo lugar, porque el Grupo Arturo gestiona un sinfín de restaurantes, cafeterías y servicios de catering de administraciones, empresas públicas y organismos autónomos.

Sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde los tentáculos empresariales de Fernández lo abarcan casi todo en la prestación de servicios hosteleros: algunos ministerios, el Congreso de los Diputados, la Asamblea de Madrid, Ifema, el Teatro Real, el Tanatorio de la M-30, Caixaforum. y hasta la cafetería de la sede de UGT.

Los trabajadores que se han decidido a denunciar el caso hablan de pagos en negro en concepto de horas extras y de complementos de responsabilidad. En algunos casos, esa cantidad de dinero B podría llegar hasta un tercio del salario total. Según la versión de estos empleados, la empresa siempre se ha negado a regularizar esos pagos.

El presidente de la CEIM niega todas las acusaciones e insta a la Inspección de Trabajo a que investigue «si hay alguna irregularidad que yo no sepa». En declaraciones a Antena 3, Fernández aseguró que su relación con los trabajadores del grupo que preside -unos 3.800- es «magnífica», por lo que dice sentirse traicionado. «No es una noticia cariñosa y lamento muchísimo tener enemigos», manifiesta el empresario madrileño, quien ha puesto las acusaciones en manos de sus abogados.

El posible fraude cometido por el grupo Arturo suscitó la reprobación de sindicatos y partidos políticos de la oposición. A juicio del secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y el de UGT, Cándido Méndez, la situación de Fernández es, de ser ciertas las acusaciones, «insostenible». El PSOE, por boca de su vicesecretaria general, Elena Valenciano, solicita que se revise «la situación contractual de todas las empresas» de Fernández «de confirmarse una actuación ilegal».

Las pocas muestras de apoyo a Fernández vinieron de las filas populares. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González -esposo de Lourdes Cavero, mano derecha de Fernández en CEIM- se refirió a él como «un gran empresario». Eso sí, el Ministro de Economía, Luis de Guindos, advirtió en Bruselas de que «si hay algún comportamiento incorrecto, evidentemente se va a actuar aplicando la ley».

Otras irregularidades

De confirmarse las denuncias de los trabajadores, no sería la primera vez que Arturo Fernández se ve implicado en alguna irregularidad de tipo laboral. El pasado agosto, el juzgado de lo social número 33 de Madrid sentenció que Fernández rebajó de forma injustificada el sueldo a los empleados del grupo Arturo Cantoblanco que trabajaban en los bares y cafeterías de complejo ferial de Ifema. El empresario había intentado previamente aplicar un ERE sobre los trabajadores, y lo quiso justificar en base a los resultados empresariales de 2008, en lugar de los correspondientes a 2011.

Fernández es además uno de los 33 imputados en el caso que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia. También aparece, como personaje secundario, en la trama Gürtel. En concreto, en la pieza desgajada del sumario que se refiere a Fundescam, fundación cercana al PP que preside Esperanza Aguirre, y a la que Fernández supuestamente donó unos 60.000 euros.