Comienzan las pruebas de carga en el edificio desalojado de La Ardila

Una empresa especializada lleva varios días realizando labores en el edificio desalojado de La Ardila, para determinar si existe un verdadero riesgo de derrumbe de la edificación o si, por el contrario, los propietarios pueden regresar a sus viviendas, que tuvieron que dejar hace ya casi dos años. Entonces surgió otro problema y es que teniendo una casa, debían buscar otro lugar para vivir y hacer frente a un alquiler mientras en algunos casos seguían pagando la hipoteca o, en otros, ya se tenían pagadas pero sus pensiones apenas daban para hacer frente a las mensualidades. En principio, los problemas del edificio se achacaron a la aluminosis, un defecto del hormigón por el que pierde sus propiedades haciéndose menos resistente y más poroso, poniendo así en peligro la estabilidad del edificio. Luego los informes alegaron problemas estructurales que finalizaron con la orden de desalojo del inmueble.

Tras más de año y medio, la construcción seguía precintada y sin que los propietarios supieran lo que realmente les pasaba a sus viviendas. Tan solo que el techo del cuarto de baño de uno de los pisos se vino abajo en una reforma y a partir de ahí comenzó el calvario. La Junta no se hacía cargo del problema, hasta que el concejal de Izquierda Unida, Pedro Reyes, decidió dar un impulso al asunto.

Ahora han comenzado las labores que permitirán determinar si verdaderamente existe un riesgo de derrumbe o no. Para ello se están haciendo pruebas de carga con agua, para establecer la estabilidad de las viviendas, y también análisis de los pilares del edificio. En cualquier caso existe un compromiso de la Junta para aportar dinero y realizar la rehabilitación de la construcción, tanto si se requiere una actuación en profundidad como una puesta a punto del inmueble.

A la espera de un desahucio

Y todo ello cuando una de las familias que vivía en estos pisos están haciendo todo lo posible por evitar el desahucio decretado de su vivienda, puesto que al tener que irse de alquiler no tuvieron más remedio que dejar de pagar la hipoteca. Ayudados por Izquierda Unida han realizado ya diferentes gestiones legales para solicitar la suspensión inmediata de esta ejecución hipotecaria. De no conseguirlo la familia de Ana María Bouzo perdería una casa en la que lleva casi dos años sin vivir.