«Algunas comunidades autónomas han hecho caja con la dependencia»

La ley de Dependencia fue bautizada desde su aprobación en 2006 como el cuarto pilar del Estado de bienestar. La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, fundada en 1994, lleva años vigilando su implantación y denunciando sus deficiencias con detallados estudios e informes. Su presidente, José Manuel Ramírez, profesor de la Universidad de Málaga, advierte de que los problemas de gestión y financiación de la normativa se están agravando por la crisis y la falta de voluntad política.

-Ustedes afirman que la ley de Dependencia está en fase de demolición. ¿Por qué?

-Los datos oficiales del Ministerio muestran un escenario de ruina. Están permitiendo, poco a poco, que la ley deje de funcionar, con menos beneficiarios atendidos, incumpliendo la tasa de reposición y recortando el presupuesto en 835 millones de euros este año.

-Sin embargo, la lista de espera se ha reducido.

-Cuando el Gobierno dice que han reducido la lista de espera no dice que lo han hecho porque han dejado de tener derecho más de 60.000 beneficiarios. Estas personas que ya no están en la lista de espera es porque, bien eran dependientes de grado moderado que les han quitado el derecho (retrasado hasta 2015), o porque han fallecido a lo largo de este año.

-El Gobierno asegura que está priorizando los recursos en los grandes dependientes...

-Solo en el último mes hay 3.959 grandes dependientes menos que en el mes anterior. No están priorizando esta atención. Están haciendo unas valoraciones que dan un menor grado de dependencia y, por tanto, así reducen el coste.

-El Tribunal de Cuentas ha desvelado que más de 40.000 dependientes fallecidos seguían inscritos en la base de datos como beneficiarios.

-Nos ha sorprendido que el Gobierno filtrara ese dato el día del consejo territorial. Además, hizo una lectura absolutamente perversa, demonizando incluso a las personas en situación de dependencia. El dinero que se había transferido a las comunidades no llegaba a los dependientes fallecidos, se quedaba en las comunidades. Por otra parte, nosotros ya advertimos de que algunas comunidades autónomas estaban haciendo caja con la ley de dependencia, que recibían más dinero de la administración general del Estado que el dinero que invertían en las personas en situación de dependencia que estaban atendiendo.

-¿A qué se refiere?

-Las comunidades recibían el dinero por el número de personas y grado reconocidas, pero luego si no las atendían lo cobraban igual. Esto se notaba en comunidades donde el limbo de la dependencia era enormemente alto, como Canarias.

-¿Los problemas de coordinación se deben a la complejidad de la ley o a la falta de voluntad política?

-Es verdad. Es una ley compleja en su procedimiento, en el que intervienen muchas administraciones. Pero la ley ha tenido problemas endémicos que este Gobierno ha agravado hasta hacer una derogación encubierta de la ley.

-¿Cuáles son esos problemas?

-Uno es el modelo de financiación. El Gobierno ha cortado la financiación dejando de inyectar dinero al sistema. También hay un sobredimensionamiento de la prestación económica del cuidador en el entorno familiar.

-¿A qué se debe la preponderancia de la prestación frente a otros servicios como las residencias?

-Esta prestación tiene menos coste económico. La prestación económica del cuidador no profesional supone un gasto para el sistema que no llega al 25%. Con eso se benefician el 55% de los dependientes. Mientras, el coste en una residencia supone el 50% y no llega al 20% de personas atendidas.

-Ustedes denuncian que la aportación del Estado se ha reducido a la mitad...

-El Gobierno ha pasado de aportar al sistema en 2009 un 39% a un 21% en 2012. Casi la mitad. Esto significa que el Estado ha ido quitando financiación a la ley ocasionando un quebranto a las comunidades autónomas. En una decisión de deslealtad institucional está haciendo que las comunidades no tengan capacidad para atender a los dependientes que venían atendiendo.

-¿Qué diferencias hay entre las comunidades autónomas?

-Todos los años publicamos una lista en función de doce indicadores relacionados con la gestión de la ley. Hay comunidades que están en un nivel notable del desarrollo de dependencia: Castilla y León, País Vasco, Andalucía y La Rioja. Hay otras cuatro que son muy deficientes: Valencia, Canarias, Baleares y Murcia.

-¿La ley de Dependencia genera empleo?

-De lo que invierte la administración, prácticamente el 45% revierte otra vez en las arcas del Estado vía Seguridad Social, IRPF o IVA. Además, por cada millón de euros invertidos en dependencia se generan 30 empleos directos, estables y no deslocalizables. La Dependencia es uno de los sectores estratégicos para salir de la crisis junto con la I+D.