La lista de defraudadores, ¿otro fraude?

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció a bombo y platillo el pasado 13 de diciembre su intención de publicar una lista con los mayores defraudadores y morosos. Era un intento de compensar el malestar generado por la amnistía fiscal, con la que solo se habían recaudado 1.200 millones de euros cuando el objetivo era de 2.500. Ahora que hay evidencias de que esa 'regularización fiscal extraordinaria' ha servido de tapadera para intentar blanquear capitales al extesorero del PP Luis Bárcenas y otros implicado en el 'caso Gürtel', el malestar se ha tornado en profunda indignación social. Sin embargo, no hay excesiva confianza en que la publicación del listado vaya a ser una reparación suficiente.

Aparte de la manifestación de intenciones, no hay detalle alguno. No se sabe si la lista solo va a incluir a condenados por vía penal o también a los sancionados por vía administrativa. Si se toma como referencia el ejemplo de otros países que ya publican listas como Reino Unido, donde incluso se difunden fotos de los defraudadores, se observa que son, en su mayoría, delincuentes sentenciados a cárcel por contrabando de alcohol, tabaco o fraudes masivos de IVA. Una gran decepción para quienes esperaban encontrar millonarios con voluminosas cuentas en Suiza o las Islas Caimán.

Es muy posible que el chasco se repita en España. Según el Código Penal, se considera delito fiscal el fraude superior a los 120.000 euros. «La cifra corresponde a la cuota defraudada por año y tributo. Es difícil alcanzarla porque hay que generar muchos rendimientos para tener que pagar esa cantidad a Hacienda. Es más normal en tramas del IVA, pero no creo que a las personas metidas en algo así y ya sentenciadas les importe salir en una lista», apunta Francisco Espinosa, delegado en el País Vasco de la asociación de asesores fiscales Aedaf. No está de acuerdo este experto con que se incluya a los sancionados por vía administrativa. «Si no llega a la vía penal, para lo que se debe probar el ánimo de defraudar, me parece complicado dar el nombre por el derecho a la intimidad», comenta.

Impacto reducido

Incluso los inspectores de Hacienda auguran un impacto reducido. El presidente de la mayor organización de este colectivo, Ransés Pérez Boga, no cree que «vayan a aparecer nunca en la lista ni multinacionales ni empresarios de renombre porque cuentan con buenos asesores fiscales que plantean los casos como una diferencia de criterios con Hacienda, que se resuelve con la correspondiente regularización». En este sentido, en Auren Abogados recuerdan que el Código Penal, en su afán recaudatorio, facilita las cosas porque «deja de tratar como delincuente al que reconozca y pague sus deudas tributarias antes de que la maquinaria de la Administración inicie actuaciones de comprobación y atenúa su responsabilidad si lo hace poco después».

Con este argumento se libró la familia Botín de la causa abierta por fraude fiscal en la Audiencia Nacional. Gracias al pago de 200 millones, quedó zanjado el asunto de sus cuentas en Suiza.

En opinión de Pérez Boga, mucho más efectiva que la lista 'negra' es la obligación impuesta por el Gobierno dentro del paquete 'antifraude' de obligar a declarar los bienes en el extranjero. «Al que no cumpla y se le descubran rentas no declaradas se le sancionará como si todo lo hubiese obtenido en el último ejercicio, sin derecho a prescripción», apunta. Eso, sumado al fin del secreto bancario en Suiza por el acuerdo sellado con España, sí supone un cambio, desde su punto de vista.

De hecho, ambos elementos pueden haber convencido a muchos ricos para participar en la polémica amnistía fiscal, que afloró 40.000 millones aunque solo recaudó 1.200, lo que da una idea de lo 'barata' que salió. Se calcula un coste del 3% frente al 10% anunciado, porque los evasores solo pagaron el gravamen por los intereses generados en los últimos cuatro años. Una ganga. Se suponía, además, que toda la operación se realizaba bajo estricto secreto, pero la presión social por el caso Bárcenas ha hecho que Hacienda dé un giro de 180 grados y, en contra de sus propias promesas, atienda la insistente petición de los inspectores de investigar a los beneficiados. Al menos es lo que dejó entrever el jueves la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, aunque luego confesó: «No sé ni lo que he dicho».

La publicación de una lista de defraudadores obliga a una reforma legislativa porque tanto el artículo 95 de la Ley General Tributaria como la Ley de Protección de Datos prohíben revelar datos de contribuyentes. «La propuesta de reforma que haga el Gobierno reflejará si hay voluntad real por su parte para dar a conocer a los mayores defraudadores», señala José María Mollinedo, secretario general de Gestha, la organización que agrupa a los técnicos del Ministerio de Hacienda.