El Gobierno quiere impulsar la fusión de cooperativas agrícolas

El Gobierno quiere acabar con la atomización del sector agrícola, formado en la actualidad por unas 4.000 cooperativas agroalimentarias con más de un millón de socios y una facturación media muy baja, en torno a 4,8 millones de euros, que se traduce en «escasa capacidad negociadora» frente al resto de actores de la cadena alimentaria y en dificultades para afrontar procesos de modernización e internacionalización. El Ministerio de Agricultura aportó un dato que ilustra esa gran dispersión y que explica por qué el agricultor es el eslabón más débil de la cadena: el año pasado el sector cooperativo español -que da empleo directo a 100.000 personas- facturó 18.797 millones, lo mismo que las dos mayores compañías agrícolas holandesas.

Para atajar esa «asimetría», el Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de fomento de la integración cooperativa, cuyo objetivo es crear entidades más potentes, de ámbito supraautonómico y dotadas de una estructura empresarial capaz de mejorar su rentabilidad y capacidad exportadora. En la actualidad, ninguna cooperativa agroalimentaria española está entre las veinticinco mayores de la UE. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, añadió otras dos metas al listado: «Contribuir a la mejora de la renta de los productores» e incrementar la capacidad del sector para «obtener precios más razonables en el mercado interior y más agresivos en los exteriores». De paso, las cooperativas más grandes tendrán «prioridad en la concesión de ayudas en todos los ámbitos», explicó Arias Cañete.

El Gobierno también dio luz verde al proyecto de ley de la cadena alimentaria, que fija sanciones de entre 3.000 y un millón de euros para cualquier actor que cometa prácticas «abusivas».