Solo las comunidades del PP apoyan pagar el coste de la reforma educativa

La reforma educativa se enfrentaba a uno de sus últimos obstáculos: el dinero. Y aunque el Ministerio de Educación lo superó, volvió a quedar patente la división en dos bloques: por un lado PP y por otro los demás partidos. La conferencia sectorial celebrada ayer dio luz verde a la memoria económica de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Es decir, el precio que costará implantar la nueva ley. La medida fue aprobada con el visto bueno de las doce comunidades gobernadas por los populares y el rechazo de las otras cinco (Andalucía, País Vasco, Cataluña, Asturias y Canarias). En cualquier caso, las dudas económicas de la normativa no quedaron aclaradas y se creará una comisión de trabajo para que examine los criterios de financiación de la ley.

La discusión de la reunión, que se prolongó durante tres horas y media, se centró sobre qué administración debía asumir más parte de los costes indirectos derivados de la aplicación de la reforma. Las comunidades, debido a su maltrecha economía, pretendían que el Gobierno central participara más en el gasto.

Sin embargo, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, negó que los gastos económicos afecten a los planes de estabilidad presupuestaria de las comunidades. «Las previsiones presentadas en la memoria son compatibles con el programa de consolidación fiscal. No se producirán incrementos de costes de manera significativa antes de 2016», explicó. Los cambios directos que promueve la Lomce supondrán un gasto de 408 millones divididos en 23 millones el primer año, 130 millones el segundo y 255 el tercero (el incremento se debe a la mayor implantación de la normativa). Este dinero, que asumirá al cien por cien la administración central, cubriría las evaluaciones a final de cada etapa educativa o la dispersión de las aulas en zonas rurales.

Sin embargo, los costes indirectos, más cuantiosos a largo plazo, serán costeados en principio por las comunidades autónomas. Estos gastos están relacionados principalmente con el refuerzo de Formación Profesional -6.000 euros de media por alumno y curso- o de la creación de dos itinerarios en 4º ESO.

El coste final dependerá del número de alumnos que la normativa consiga mantener en el sistema educativo, es decir, de la reducción del abandono escolar actualmente en casi un 25%. Wert aseguró que estos costes son más difusos y difíciles de prever porque dependen «del éxito de la ley en conseguir reducir el abandono escolar».

La memoria económica fija que estos cambios serán asumidos por las comunidades autónomas y están cuantificados en 334 millones de euros, que podrían elevarse hasta los 927 millones. Estas elevadas cantidades son las que han generado dudas en los gobiernos regionales con una caja nada boyante en unos tiempos donde cumplir el objetivo de déficit se ha convertido en la prioridad.

Poco realista

«Mientras que estemos en una situación de austeridad presupuestaria no podremos contraer ningún nuevo compromiso», aseguró la consejera catalana, Irene Rigau, quien explicó que la financiación descrita en la memoria económica es «poco realista». La representante de la Generalitat no dejó pasar la oportunidad para criticar toda la reforma por su «intromisión competencial» y su ataque a la lengua catalana.

La crítica a la financiación también es compartida por los socialistas. La consejera de Educación, Mar Moreno, destacó que las cinco comunidades que se oponen a la ley representan el 45% de la población educativa. Además, resaltó que la Lomce es la reforma económica «menos consensuada» porque «solo cuenta con el apoyo del PP». La viceconsejera de Educación y Universidades de Canarias, Manuela Armas, aseguró que pidió la retirada del anteproyecto de ley hasta que los gobiernos regionales «realicen un análisis profundo sobre la financiación» de la normativa.

En cualquier caso, el camino de la Lomce ya está despejaddo. El próximo paso es presentar el anteproyecto al Consejo de Estado, cuyo dictámen tardará un mes. Posteriormente se aprobará en Consejo de Ministros y comenzará su tramitación parlamentaria. Y es que el departamento que dirige José Ignacio Wert no puede permitirse más retrasos en la aprobación de la norma, cuyo objetivo es que sea aprobada en el Congreso antes del verano para empezar a aplicarse en 2014 o 2015.