ESPAÑA

El PP cierra el paso en el Congreso a que se debata sobre la corrupción

Rechaza la petición de comparecencia de Rajoy y la comisión de investigación sobre la amnistía fiscal

MADRID. Actualizado: Guardar
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El PP frenó con su mayoría absoluta dos iniciativas de la oposición para debatir en el Congreso sobre los casos de corrupción. Los populares señalaron que su negativa no está reñida con su exigencia de transparencia porque el objetivo del PSOE y el resto de grupos no es hacer un ejercicio de claridad sino que buscan «el linchamiento» de Mariano Rajoy.

No a la comparecencia en el pleno del presidente del Gobierno para hablar de los papeles de Luis Bárcenas y no a la creación de una comisión de investigación sobre la amnistía fiscal del Ministerio de Hacienda. El PP está convencido de que los socialistas no están guiados por un espíritu justiciero con sus demandas de explicaciones, solo quieren, en palabras de su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, erosionar la figura de Rajoy y «recuperar el poder» subidos en la ola de la presunta corrupción de la contabilidad B y los sobresueldos a los principales dirigentes populares. En ese objetivo, se lamentó, cuentan con el respaldo de otros grupos y solo tienen al PP enfrente y en solitario.

Una situación que quedó reflejada en la reunión de ayer de la Junta de Portavoces del Congreso. Todas las fuerzas políticas apoyaron las iniciativas de PSOE, por un lado, y de la Izquierda Plural y Grupo Mixto, por otro, para que el jefe del Ejecutivo comparezca en el pleno de la cámara para dar explicaciones sobre los papeles de Luis Bárcenas. El PP hizo valer la fuerza de sus 186 diputados y tumbó la petición de la oposición.

A continuación se discutió la solicitud de creación de una comisión parlamentaria de investigación. Los socialistas, Izquierda Plural, UPyD y el Grupo Mixto apoyaron la idea, CiU y PNV se abstuvieron y los populares volvieron a frustrar la demanda. Las negativas del PP alcanzaron también a temas sin la menor vinculación con la corrupción, como una presencia de Rajoy en el Congreso para debatir las cifras de desempleo.

La postura del partido gubernamental suscitó las iras del PSOE e Izquierda Plural. Pero el portavoz del PP ni se inmutó. Alonso argumentó en primer lugar que la supuesta contabilidad B de su partido está sometida a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y no es bueno mezclar los dos ámbitos, mientras que las cuentas suizas de Bárcenas se han incorporado al sumario del 'caso Gürtel' que se instruye en la Audiencia Nacional.

Esto en el plano formal, en el político, el portavoz popular denunció que el verdadero objetivo de los socialistas es «el intento de linchamiento» de Rajoy con unos datos falsos. Alonso reprochó al PSOE que «dé crédito a un señor como Bárcenas» solo porque conviene a sus intereses de partido. Aseguró que su partido «necesita la verdad» y desea que «se conozca todo», pero no lo va a conseguir con debates en el Congreso porque es un foro político en el que los grupos parlamentarios defienden sus intereses. El PP, añadió, prefiere que investiguen «los jueces y los fiscales» porque dan «garantías» de imparcialidad.

Error mayúsculo

Para los socialistas, el PP cometió un error mayúsculo con sus vetos porque «cada minuto, cada hora y cada día que pasa» son más necesarias las explicaciones de Rajoy en sede parlamentaria. No hacerlo, apuntó la portavoz socialista en la cámara, Soraya Rodríguez, «empeora» la credibilidad del presidente del Gobierno. La dirigente opositora apuntó que la prueba del algodón para Mariano Rajoy sería que se querellase contra Bárcenas, ahí demostraría su convicción de que son falsos los datos aportados por el tesorero. Una tesis que compartió la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, que sembró dudas sobre los motivos para que el presidente no lleve a Bárcenas a los tribunales. «Por alguna razón no lo hace», acotó.

El PSOE e Izquierda Plural apuntaron que estas negativas del PP van a traer como consecuencia que el Debate sobre el estado de la Nación del 20 y 21 de febrero vaya a convertirse en un «debate sobre el estado de la corrupción», en palabras de José Luis Centella, secretario general del PCE. Una idea que también comparten los socialistas porque creen que ese duelo dialéctico prevalecerá sobre cualquier otra discusión, incluso sobre los recortes del gasto y las medidas para hacer frente a la crisis económica.