Solo el 16% de los convenios vincula salarios con resultados de la empresa

Los dos grandes sindicatos se están planteando tocar a rebato si lo que pretendían hacer las cadenas de distribución en su ámbito se convierte en los próximos meses en tendencia generalizada entre los distintos sectores y empresas del país. La patronal de las grandes superficies (Anged) acaba de firmar un nuevo convenio colectivo (con vigencia hasta 2016) donde aumenta las horas de trabajo sin compensar por ello vía salarios. Es decir, se trabajará más... por menos dinero, si se tiene en cuenta la pérdida de poder adquisitivo al quedar los sueldos congelados.

Sin embargo, el aspecto que más preocupa en UGT y CC OO es el hecho de que los grandes almacenes hubieran intentado establecer -solo a última hora retiraron este polémico punto de su propuesta- como referencia para las revisiones salariales anuales alcanzar el nivel de facturación anterior a la crisis, «totalmente inasumible en un período de severa recesión». En concreto, sus sueldos se habrían recortado entre un 2% y un 5% de no haber recuperado las cifras de ventas de 2005.

De momento, no se atisba tal transmutación -meter la tijera a los salarios si los ingresos no vuelven a la época de las vacas gordas-, al menos, en el ámbito sectorial. Otra cosa son las empresas, fundamentalmente las grandes -casos de Telefónica (telecomunicaciones), Iberdrola (energía) o Seat (automoción), por ejemplo-, donde «ya hace muchos años que se vienen referenciando las retribuciones con los resultados» -fundamentalmente con el EBITDA, es decir, el beneficio bruto de explotación-, apuntan fuentes sindicales. No obstante, tampoco aquí observan, «de momento», intentos significativos parar introducir referencias temporales «fuera de lugar».

El primer dique que habría que romper para ello es el de la vinculación entre precios (vía IPC) y salarios, que de hecho ya fue moderada a través del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, suscrito hace un año (25 de enero de 2012) entre las dos grandes confederaciones empresariales (CEOE y CEPYME) y las centrales mayoritarias (UGT y CC OO). En ese objetivo están desde hace meses, si bien ahora con más fuerza tras conocerse que la inflación subió un 2,9% el pasado ejercicio, el Gobierno (vía Ministerio de Economía), el Banco de España (BdE) y la Comisión Europea (CE). Las autoridades comunitarias pretenden crear en este sentido una especie de «monitor de salarios» que recomiende o, si es necesario, incluso advierta a los Estados de la UE de cuáles deberían ser los márgenes y objetivos de sus políticas retributivas anuales, directamente aplicables en el sector público, aunque también con claros efectos sobre la empresa privada. Este es un tema que preocupa en las centrales, por la injerencia que puede suponer en la negociación colectiva, como se pudo apreciar entre bambalinas en la reunión de alto nivel que la Confederación Europea de Sindicatos (CES) celebró el lunes pasado en Madrid.

Desvinculación progresiva

A la vista de los últimos datos, parece claro que lo están logrando. Mientras en 2007 casi la mitad de los convenios vigentes ese año (el 47,4%), que afectaban a 3,3 millones de trabajadores, tenía una cláusula de revisión por garantía salarial, al cierre de 2012 (con datos aún provisionales, pues hay acuerdos colectivos pendientes de negociar con efectos retroactivos) apenas suponían un tercio (32%) para 2,5 millones de empleados, y la tendencia va claramente a la baja. Es más -según UGT-, aún aplicando aquellas, 4,3 millones de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo, ya que el incremento salarial medio se situó en el 1,83% el año pasado -en los convenios de nueva firma no pasó del 0,75%-, la mitad del 3,6% revisado en 2008 cuando la crisis empezaba a mostrar su cara.

El acuerdo interconfederal de hace un año entre patronal y sindicatos prevé que en 2014 la referencia principal de las revisiones de sueldos sea el ritmo de actividad de la economía (PIB), medida que tratan de anticipar algunos sectores como el textil. E incluso se fija un compromiso para «incluir componentes adicionales de actualización salarial» que asocien indicadores económicos «a la marcha de la empresa (beneficios, ventas y productividad)». De hecho, el 16,16% de los convenios registrados hasta finales de 2012 (422 sobre un total de 2.611), que afectan a 646.244 trabajadores (el 10,6% del total acordados entre empresas y sindicatos), ya recogen complementos retributivos relacionados con la «situación y resultados» de la compañía. Mucho más abundantes son los complementos vinculados «con la cantidad (pluses por mayores ventas) o calidad del trabajo realizado», incluidos en el 43,2% de los casos y aplicados a 2,5 millones de empleados.

Por ello, casos como el de Anged e «incumplimientos ya constatados» del citado acuerdo, han llevado al secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, a instar a CEOE y CEPYME a que «se replanteen si lo firmado es útil o no y, por tanto, si van a cumplirlo... todo ello». Y mientras, sobre la mesa, 3.069 convenios aún pendientes de suscribir y 5,43 millones de trabajadores afectados; por debajo, un claro riesgo de conflictividad por despejar.