Los autores piden un cambio en el modelo copia privada

Los autores españoles reclamaron al Gobierno que cambie el modelo sobre la copia privada que «no remunera ni equitativamente ni en función del daño a los titulares de derechos» y que atienda a las recomendaciones realizadas por del Mediador europeo sobre el canon.

En opinión de las entidades de gestión europeas, el sistema español «incumple» la Directiva y las Resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y «deja a España fuera de Europa en la defensa de sus creadores». El Mediador designado por la Comisión Europea, Antonio Vitorino, presentó en Bruselas su informe de conclusiones sobre los sistemas de compensación por copia privada de los países miembros de la Unión Europea, informe que le fue solicitado por el comisario Barnier en noviembre de 2011. En el documento destaca que los derechos de propiedad intelectual «son un activo esencial de nuestra economía y nuestra sociedad».

Por ello, sus recomendaciones «únicamente contemplan como sistema de financiación de la compensación a los titulares de derechos el pago de una remuneración sobre los equipos y soportes que sirvan para grabar obras protegidas». En ningún caso se contempla «un sistema similar al que erróneamente estableció el Gobierno español el año pasado, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado».

El Mediador considera que los sistemas compensatorios a los titulares seguirán siendo «muy relevantes y no desaparecerán a corto o medio plazo», y apuesta por compensar a los titulares de derechos en función del daño producido. El Mediador recomienda, bien trasladar el pago de la compensación de los importadores y fabricantes a los distribuidores y minoristas obligando a los fabricantes e importadores a informar a las entidades de gestión sobre los materiales distribuidos, o bien mantener el pago por fabricantes e importadores con un sistema de exención para las personas jurídicas que manifiestamente no hagan copias privadas.

En este sentido, todas las entidades manifiestan que el informe del Mediador les da totalmente la razón y que el sistema español, que condiciona la compensación a una partida presupuestaria previamente establecida y abonada por el Estado, «resulta contrario a la Directiva».