El Gobierno limita las hipotecas a partir de 30 años y pone tope a los intereses de demora

El Gobierno aprovecha la tramitación de la ley antidesahucios para poner algo de orden en el mercado hipotecario con una serie de propuestas. Entre ellas, la de poner coto a las hipotecas de larga duración. No las prohibirá, pero sí pondrá obstáculos para su concesión: impedirá a las entidades financieras la titulización (cesión de los derechos de cobro) de los préstamos hipotecarios que superen los 30 años de duración. Lo que sí prohibirá es que los intereses de demora impuestos por bancos y cajas tripliquen el tipo de interés legal del dinero, actualmente fijado en el 4%.

El paquete de medidas -desvelado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, ante el pleno del Congreso- pretende mejorar el funcionamiento del mercado hipotecario y aumentar la protección de los colectivos en situación de especial vulnerabilidad. El anuncio se produjo durante el debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, y que fueron rechazadas por los partidos de la oposición. Las reformas, destinadas a mitigar los efectos de la crisis para aquellas familias que no pueden hacer frente a su hipoteca «por circunstancias económicas sobrevenidas», afectarán a varias leyes. Además, elevan los umbrales que dan derecho a acogerse al Código de Buenas Prácticas, al que se adscribieron de forma voluntaria la mayor parte de las entidades financieras, pero que se ha mostrado ineficaz a la hora de frenar el drama de las ejecuciones hipotecarias.

Las medidas que afectan a la legislación hipotecaria pretenden «equilibrar la posición de las partes involucradas en un procedimiento de embargo», según explicó el Ministerio de Economía en un comunicado. Entre ellas está el límite a 30 años del plazo máximo para las hipotecas que puedan ser objeto de titulización. Esta norma impide una práctica común de las entidades financieras, que consiste en vender a un tercero los derechos de cobro de esos préstamos hipotecarios. Por tanto, se trata de poner obstáculos a la concesión de préstamos que superen los 30 años, un plazo que se ha convertido en una soga para miles de familias que suscribieron sus hipotecas en la época del 'boom' inmobiliario y que han perdido su empleo durante la crisis. Otra medida que afecta a cajas y bancos es la prohibición de imponer intereses de demora que superen en tres veces el tipo de interés legal del dinero, que ahora está situado en el 4%. Las entidades financieras son relativamente libres para fijar el interés de demora. Sin embargo, hay sentencias judiciales que recientemente han anulado algunas de estas cláusulas por considerarlas «abusivas», y que se movían entre el 18 y el 25%. Las medidas se aplicarán a los intereses de demora devengados a partir de la entrada en vigor de la ley. Por tanto, tendrá efectos sobre las hipotecas nuevas y también sobre las actuales que entren en mora.

El Gobierno también quiere forzar la independencia de las sociedades de tasación respecto a las entidades de crédito mediante la obligación de aceptar la tasación homologada aportada por el cliente.

Condonar el pago

Las medidas anunciadas por De Guindos también modificarán algunos supuestos contemplados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que regulan las ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales. Así, el juez podrá condonar el pago de la deuda remanente si el deudor paga el 65% del total pendiente en el quinto año desde la adjudicación del bien tras el proceso de subasta; o el 80% en el décimo año. Además, en caso de que la entidad que se queda con la casa obtenga una plusvalía con la venta del bien en esos 10 años, podrá exigir que el 50% de ese incremento reduzca la deuda pendiente.

Como «medidas adicionales de prudencia financiera», el Ejecutivo propondrá una regulación específica de determinadas cláusulas «especialmente complejas», como las de suelo, las referentes a hipotecas multidivisas (en monedas distintas al euro), los 'swaps' (apuesta sobre la evolución que va a tener un tipo de interés, de cambio, etc.) y otras «que puedan requerir especiales conocimientos financieros por parte de los deudores».

La futura ley antidesahucios también ampliará la cobertura del Código de Buenas Prácticas. Se aumentarán los límites de los préstamos hipotecarios a los que se podrá aplicar, así como el nivel de renta exigido hasta tres veces el IPREM (19.170 euros anuales). Se permitirá asimismo que el deudor pueda proponer un plan de refinanciación a la entidad, que en caso de rechazo deberá justificar los motivos de la denegación. Además, y en el caso de la dación en pago, se reducirá el interés de demora por impago del alquiler desde el 20% actual al 10%.