El Constitucional también tumba el euro por receta de Madrid

El Tribunal Constitucional ordenó ayer que se suspenda el cobro de un euro por cada receta en las farmacias madrileñas. Los magistrados bloquearon la tasa sanitaria puesta en marcha hace 28 días por el Ejecutivo regional de Ignacio González solo dos semanas después de que adoptasen igual medida cautelar contra el mismo recargo de los medicamentos que la Generalitat catalana cobraba desde junio de 2012. Eran las dos únicas autonomías en aplicar este copago.

La corte congeló de forma temporal el polémico tributo en ambas comunidades por petición expresa del Gobierno de Mariano Rajoy que, apoyado en sendos dictámenes del Consejo de Estado, impugnó las leyes autonómicas por considerar que invaden una competencia estatal exclusiva, como es la fijación del precio de los medicamentos subvencionados, y, además, rompen el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan y en todos los ámbitos.

La suspensión cautelar adoptada por el Constitucional es obligada una vez que la sala observa elementos suficientes como para admitir a trámite y estudiar los recursos de inconstitucionalidad. Así lo ordena el artículo 161.2 de la Carta Magna para el caso de que el Estado denuncie la invasión de competencias. Las tasas impugnadas quedan sin efecto por un período máximo de cinco meses. Agotado el plazo, y si antes no se ha resuelto el fondo de los recursos, el tribunal deberá decidir si prorroga la medida cautelar o si la levanta.

Con la resolución de la corte se cumple la advertencia que Rajoy hizo el otoño pasado a los máximos responsables de ambos ejecutivos autonómicos, a los que avisó de que vulneraban la ley y de que si no desistían de forma voluntaria les obligaría a hacerlo a través del Constitucional. El presidente del Gobierno no solo pretendía parar lo que cree una ilegalidad sino también evitar que el ejemplo de Madrid, que ha provocado otro desgarro interno considerable entre la cúpula nacional del PP y el partido en la región, se extendiese a otras comunidades también gobernadas por los populares e igualmente necesitadas de ingresos adicionales para contener sus déficits públicos.

Con la Generalitat intentó durante seis meses una conciliación que fue imposible. Con Madrid, que puso en marcha la medida en 2013 pese a los reiterados avisos públicos y privados del Gobierno, ni siquiera hubo negociación y el Consejo de Ministros denunció su tasa el 18 de enero.

Alegría generalizada

La suspensión del tributo provocó la satisfacción de todos los partidos de la oposición, excepto de CiU, y de los médicos, farmacéuticos y asociaciones de consumidores, que se habían opuesto desde el primer día a la medida.

El euro por receta dejó de cobrarse en Madrid sobre la 13.30 horas del martes, solo media hora después de que el Constitucional decidiese la medida cautelar, ya que la Consejería de Sanidad comunicó a las 2.827 farmacias de la región que la recaudación de la tasa quedaba suspendida «de forma inmediata».

La respuesta más dura llegó desde el PSOE, partido que también recurrió el tributo madrileño ante el Constitucional. Los socialistas exigen la devolución inmediata a los ciudadanos de lo recaudado desde el 2 de enero, varios millones de euros.

Adelantaron que van a interponer dos demandas contra Ignacio González. Una, para que devuelva «de su bolsillo» los gastos generados a los madrileños por su empeño en imponer la tasa. La otra, por prevaricación, por considerar que aprobó el tributo pese a saber que era «injusto e inconstitucional».

A las duras críticas a González también se unieron IU e UPyD, que exigieron la devolución de lo ya recaudado. El diputado Gaspar Llamazares cree que el daño causado a los usuarios exige asumir responsabilidades políticas y la dimisión del consejero de Sanidad. El PP de Madrid, sin embargo, está convencido de la legalidad de la tasa y piensa que el tribunal le dará la razón.