El Defensor acepta la queja de los colegios segregados

Nuevo frente de conflicto entre los Gobiernos central y andaluz. La lucha de los padres de los colegios segregados, o diferenciados por sexo, llegó ayer al Defensor del Pueblo Andaluz, que aceptó la queja para elevarla a la Consejería de Educación para aclarar la situación, según declaró José Chamizo al término del encuentro.

Una docena de colegios andaluces mantiene una batalla con Educación para que mantenga el concierto de los centros a pesar de que no aceptan la educación mixta. La pasada semana el Tribunal Supremo emitió las últimas sentencias en recurso de casación dando la razón a la Junta de Andalucía y, por tanto, para el próximo curso ya no podrán renovar la subvención pública si no aceptan integrar alumnos de los dos sexos en sus aulas. La consejera, Mar Moreno, les animó a hacerlo y dijo que en sus manos está continuar al amparo del acuerdo, ya que por ley no pueden recibir fondos públicos centros que segregan.

Sin embargo, los padres de estos alumnos no aceptan el veredicto del Supremo y acudieron ayer a pedir el amparo del Defensor del Pueblo Andaluz. José Chamizo aceptó al queja presentada «al existir de cara al futuro una contradicción entre la sentencia del Supremo y la Ley de Educación que el Gobierno central aprobará en abril», que sí contempla concertar con estos centros. Ahora, el Defensor elevará el caso a la Administración autonómica para aclarar la situación.

Los padres alegan que si se lleva a cabo la supresión del concierto, más del 90% de ellos no podrán seguir llevando a sus hijos a los centros porque no podrían pagarlos, ya que en general son «son colegios enclavados en zonas rurales o barrios obreros».

La portavoz, Gemma García dijo que defienden el «derecho constitucional a elegir el modelo educativo» que quieren para sus hijos y alega que la ley les ampara: «No entenderíamos cómo sólo en esta comunidad autónoma se cuestiona el darnos el concierto, cuando la nueva ley de educación nos ampara con una enmienda específica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE): nos sentiríamos discriminados, ciudadanos de segunda».

También la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) salió ayer en defensa de este reducido grupo de centros y criticó el «obsesivo empeño» de Educación por «cerrar» centros que llevan años «formando a una juventud emprendedora en barrios y familias de escasos recursos». La Junta «no podrá sustraerse» a la próxima Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce), «salvo que quiera privar a los andaluces de los mismos derechos del resto de los españoles».