Rajoy ordena al PP «ser transparente» y que no genere dudas sobre la corrupción

Mariano Rajoy quisiera despertar y comprobar que el escándalo de las cuentas suizas de Luis Bárcenas y el supuesto pago de sobresueldos a cargos del PP eran solo una pesadilla. Sin embargo, la sombra de la corrupción no se borra y el presidente del Gobierno sigue sin negar con contundencia las acusaciones sobre supuesta financiación irregular en su partido. Le irrita de manera notoria que se haga referencia a esta polémica.

Pese a esta tibieza, Rajoy aseguró ayer en Santiago de Chile que en el PP deben «ser transparentes y que no se genere ninguna duda sobre el partido». Pero, de momento, prefiere ganar tiempo y elude un pronunciamiento contundente ante las insinuaciones sobre cómo pudo amasar el extesorero del PP Luis Bárcenas una fortuna de 22 millones de euros o si en algún momento bajo su mandato -dirige el PP desde 2004- ha tenido conocimiento o sospechas de pagos de dinero en sobres.

Rajoy eludió responder si se consideraba responsable de estos comportamientos irregulares. El líder del PP se limitó a responder: «Yo estaré a lo que digan las conclusiones de esa comisión que hemos abierto», en alusión a la investigación interna y la auditoría externa que encargó el lunes.

Horas antes, en una conversación informal en el avión que le trasladó desde Lima a Santiago de Chile, aseguró que había dado «carta blanca» a la tesorera del partido, Carmen Navarro, para que pusiera patas arriba la contabilidad del partido y llamara a declarar a quién crea pertinente, tenga el cargo que tenga.

Cuestionado sobre por qué no se ha querellado, como ha hecho José María Aznar, contra quienes han desvelado la existencia de los sobresueldos en 'b' del PP, Rajoy contestó con otra pregunta: «¿Sabéis cuantas querellas he puesto yo en mi vida?». Y él mismo respondió: «Cero».

En su comparecencia con su homólogo chileno, Sebastián Piñera, en el Palacio de la Moneda, Rajoy optó por lanzar un mensaje político contra la corrupción en general. «No hay nada más injusto que la generalización, el no distinguir. Llevo muchos años en la vida política, hay muchísima gente en política, la inmensa mayoría, que cumplen su labor de manera digna y son honrados». Una idea que remachó de modo muy tajante: «Nunca aceptaré que se generalicen conductas simplemente porque es la mayor de las injusticias».

Antídoto

El Gobierno, entretanto, prefiere ver la botella medio llena y aprecia «receptividad» en los partidos para alcanzar un pacto contra la corrupción. Al menos así lo ve la vicepresidenta Sáenz de Santamaría tras haber mantenido una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios. La portavoz gubernamental situó la esencia de este acuerdo en la ley de Transparencia y Buen Gobierno que se tramita en el Congreso. Esa norma, subrayó, debe ser «el antídoto de la corrupción».

El Ejecutivo cree que ese acuerdo es «necesario» aunque reconoció que quizá no sea suficiente para recuperar la confianza ciudadana en los partidos y sus dirigentes. El deterioro de la imagen de los políticos entre los ciudadanos ha crecido de forma exponencial con los recientes casos de corrupción, de forma que se han convertido en uno de los principales problemas de los españoles, el tercero según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Un quebranto de imagen en el que tiene mucho que ver la creencia de amparan y protegen la corrupción. Así lo cree el 95% de los ciudadanos, según un reciente estudio de un medio de comunicación.

«Es un problema de personas que nos afecta a todos», afirmó la vicepresidenta tras la reunión del Consejo de Ministros. Sáenz de Santamaría insistió una y otra vez en que la «gran mayoría» de los dirigentes de los partidos son gente honrada.

La portavoz del Gobierno puso énfasis en la ley de Transparencia y mostró su disposición a ampliar los ámbitos de aplicación de la norma, con una excepción, la Corona. El Ejecutivo, añadió, está dispuesto a que la ley se aplique a los partidos, sindicatos y también a las Cortes Generales, excluidos del proyecto gubernamental, centrado sobre todo en la transparencia de las administraciones públicas.

Si hay «acuerdo entre partidos, bienvenido sea», comentó Sáenz de Santamaría, y que la ley se extenderá a todas las esferas públicas, con la excepción de la Casa del Rey porque existe un criterio general sobre «la no obligatoriedad» de someter a las casas reales a la fiscalización pública de todas sus actividades. En lo que se mostró tajante la vicepresidenta fue en negar que los casos de corrupción supongan una crisis de la democracia. «Este país funciona, sus instituciones también y la democracia es fuerte», apuntó. El Gobierno, por tanto, considera que no es necesario adoptar nuevas herramientas para combatir a los corruptos porque la ley española es «homologable» a la del resto de países europeos.