El 'caso Rilco' lleva a los exdelegados de Zona Franca al banquillo en mayo

Más de una década después de que se creara el polémico portal informático de comercio iberoamericano, más conocido como Rilco, sus impulsores se sentarán en el banquillo para ser juzgados por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. El juicio, uno de los más esperados en Cádiz por la presunta implicación de dos ex delegados de la Zona Franca nombrados por el PP, Miguel Osuna y Manuel Rodríguez de Castro, arrancará el 24 de mayo. Así se lo confirmó ayer a Europa Press el abogado defensor de Miguel Osuna, Felipe Meléndez, quien detalló que la vista arrancará el mencionado día en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, y continuará los días 3, 4, 6, 7, 10, 11 y 13 de junio.

El Ministerio Fiscal solicita un total de 13 años de cárcel para el exdelegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna y diez para su antecesor, Manuel Rodríguez de Castro.

Según el escrito de acusación del fiscal, Rodríguez de Castro sería autor de un delito de fraude por obtención de ayuda de las administraciones públicas «ocultando condiciones que lo hubiesen impedido». También lo considera responsable de un delito de prevaricación administrativa cometida por autoridad pública, otro de fraude, de un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular y un delito de malversación de caudales públicos.

Por su parte, el Ministerio Fiscal acusa a Osuna de un delito continuado de fraude por «incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la ayuda fue concedida», de otro delito de malversación de caudales públicos; le considera coautor de otro de encubrimiento, y, finalmente, también coautor de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por autoridad o funcionario público.

Cuatro implicados más

El escrito de acusación incluye a otras cuatro personas más en relación al conocido como 'caso Rilco'. Se trata de O.R. y S.M., a quienes señala como autores de un delito de encubrimiento y de otro continuado de falsedad en documento oficial cometido por autoridad o funcionario público. También están acusados G.L. y C.L., para quienes pide ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta por considerarlos autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación, fraude y malversación.