Los médicos reclaman a la UE que frene los recortes en la sanidad

Médicos de España, Irlanda, Grecia y Portugal han enviado una carta abierta a los responsables políticos y a las autoridades sanitarias europeas en la que hacen un llamamiento para que se tomen medidas para salvar la sanidad pública, tras los efectos sobre la salud que están teniendo las decisiones financieras y económicas adoptadas en los últimos años.

En el caso español destacan, entre otras, la privatización de la gestión de hospitales y ambulatorios en la Comunidad de Madrid, el cierre de las urgencias nocturnas en Castilla-La Mancha o el cobro del euro por receta en Cataluña, estas dos últimas medidas paralizadas por decisión judicial en esas comunidades autónomas, pero en funcionamiento en otras. Además, entre los argumentos que esgrimen los profesionales, destaca el incremento experimentado en España de las denuncias por negligencias médicas, que pasaron de las 772 en 2011 a las 13.782 del año pasado, y un aumento de más de 1.300 desde 2007, el año previo a la crisis. Los casos de pacientes fallecidos por presunta mala praxis también se incrementaron hasta los 692, es decir, 89 más que el año anterior, según la Memoria 2012 por la Asociación del Defensor del Paciente.

Fuentes de la Organización Médica Colegial explicaron que la misiva ha sido dirigida a, entre otros, José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea; Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo; Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, así como a Tonio Borg, comisario de Sanidad. Los profesionales de la medicina exponen que «los principios políticos europeos aprobados oficialmente exigen que todas las políticas públicas tengan en cuenta su impacto en la salud y que se estudien y se consideren seriamente opciones alternativas que minimicen los efectos negativos en la salud», lo que«no está ocurriendo en Grecia, Irlanda, Portugal y España».

Los médicos consideran que «se está privando a los servicios públicos de los fondos necesarios para funcionar adecuadamente, a la vez que aumentan las necesidades sanitarias de la comunidad» y como consecuencia de ello, mantienen que hay un «deterioro de los sistemas de salud, la emigración de los más cualificados entre los jóvenes, el desempleo de larga duración y unas menores tasas de fertilidad», lo que tendrá consecuencias a largo plazo.

En la misiva, los facultativos estiman que una de las consecuencias más notables de no haber previsto el posible impacto sobre la salud de muchas de las decisiones económicas es «la falta de sistemas adecuados de control para estos efectos negativos de las crisis»

Por todo, los firmantes realizan un llamamiento a las autoridades para que asuman «los principios con los que ellos mismos se han comprometido, defendiendo la protección y la promoción de la salud» y para que realicen «una rápida revisión de las decisiones, con el fin de prevenir urgentemente un mayor deterioro de la salud y de los servicios sanitarios» De hecho, solicitan que se actué de «inmediato» para minimizar los efectos de la crisis y movilicen el «extraordinario potencial de la inteligencia, el conocimiento y la innovación», en lugar de «socavar la capacidad del sistema sanitario».

Manifiesto español

La carta coincide en España con el manifiesto hecho público ayer por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, en el que insisten en su «preocupación» por la sanidad, que «debe seguir siendo pública», tanto en la parte económica como en su gestión, de manera que no esté al albur «de los intereses del mercado», a la vez que muestran su apoyo al personal sanitario madrileño en sus protestas.

Los facultativos destacan la sanidad pública como «uno de los pilares del Estado de bienestar». «Debe seguir siéndolo mediante la preservación de la universalidad, la equidad, la solidaridad y la accesibilidad», agregan.

«La sanidad pública es propiedad del conjunto de la ciudadanía, que ya participa en su financiación mediante los impuestos, por lo que cualquier 're(co)pago' planteado en términos lineales está fuera de lugar», aseguran para reclamar un pacto por la sanidad en el que su opinión sea tenida en cuenta por las distintas administraciones.