El Estado destina la mitad que en 2009 a Dependencia

«La ley de Dependencia se encuentra en una fase de retroceso y demolición». Así de tajante se mostró ayer el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del informe sobre el desarrollo de esta normativa. Y es que la ley sufre serios problemas de financiación. En el estudio se denuncian recortes presupuestarios de 850 millones de euros en el último año, el aumento del plazo para recibir la prestación -supera los dos años legales- y una disminución en la lista de espera de beneficiarios debido a la falta de reposición tras los fallecimientos y los cambios de baremos que han «expulsado» a los dependientes moderados.

«El Estado ha decidido retirarse de esta ley», lamentó Ramírez. Y es que la aportación del Gobierno central se ha reducido casi a la mitad en cuatro años. Ha pasado de un 39,2% en 2009 a un 21,4% en 2012. Esta importante reducción ha tenido que ser asumida por las comunidades autónomas que han pasado de aportar un 50,8% en 2009 a un 62,6% en 2012. También deben pagar más los propios usuarios a través de un copago que ya supone un 16% de la financiación de la normativa, cuando en 2009 era solo un 10%.