Pastor envía al Tribunal de Cuentas facturas por valor de 600 millonesEl Gobierno actuará para garantizar la viabilidad de Iberia

Final previsible tras el anuncio hecho por el Ministerio de Fomento a mediados de octubre en el Congreso, cuando el subsecretario del departamento, Mario Garcés, reveló que entre el pasado ejercicio y 2013 deberían abonar 3.122 millones de euros en concepto de «facturas pendientes de pago que estaban en los cajones», es decir, de las que no tuvieron conocimiento cuando se produjo el traspaso de poderes con el equipo anterior dirigido por José Blanco. La titular del departamento, Ana Pastor, anunció ayer que han «remitido» parte de las mismas -«algunas de las cuales ni siquiera tenían documento contable que las avalara, y otras, aunque sí disponían del mismo, no habían sido presupuestadas», explicó- al Tribunal de Cuentas, a fin de que depure si existen posibles responsabilidades contables.

Fuentes ministeriales explicaron que con dicha medida «no se prejuzga nada». «Simplemente tratamos de cumplir con la ley» -apuntaron-, al haber sido detectados «gastos excesivos» en facturas cuyo importe se aproxima a los 600 millones, correspondientes a distintas obras públicas, en su mayoría vinculadas a la construcción o renovación de carreteras, y otras de actuaciones en la red ferroviaria.

Será a partir de ahora cuando el órgano fiscalizador determine, una vez abierta la investigación correspondiente, si hay materia suficiente para abrir un procedimiento de reintegro por alcance para depurar las responsabilidades contables de los gestores anteriores de Fomento, que incluso podría terminar en una condena para la restitución de las cantidades no justificadas y el pago de una indemnización.

El Tribunal de Cuentas ya ha detectado algunas anomalías en la etapa de Blanco en Fomento. En concreto, en su fiscalización de las cuentas de Fomento correspondientes a 2009, ha denunciado la falta de más de un centenar de expedientes completos relativos a obras en carreteras, además de otras deficiencias en la información suministrada por una veintena de órganos dependientes del Ministerio.

Más «austeridad»

«No se puede comprometer lo que no se puede pagar», enfatizó Pastor sobre los «excesivos» gastos multimillonarios que, en su opinión, se hicieron en la etapa socialista. La ministra hizo estas declaraciones durante su intervención en el Foro ABC, donde destacó su compromiso con la «eficacia», «eficiencia» y «austeridad», principios con los que tratará de «hacer frente a los 40.000 millones de deuda apalancada» que arrastra «el grupo» Fomento, que dispone de «más de 80 empresas públicas sin que podamos explicar a los españoles para qué sirven exactamente algunas de ellas», en clara critica a la labor de sus antecesores.

En ese sentido, la ministra apuntó su intención de alcanzar una colaboración mayor con el sector privado, por ejemplo, en los aeropuertos o en el tráfico ferroviario -tanto de mercancías como de pasajeros, que quedará liberalizado a partir de agosto-, e incluso en la red de aparcamientos existentes en las estaciones de tren, cuya gestión pretende privatizar para «rentabilizarlos». A su vez, desde Fomento se buscarán acuerdos combinados entre distintos medios de transporte con participación pública, en concreto del tren con el avión -para lo que ya se ha alcanzado un acuerdo con la red de Star Alliance (donde operan la aerolínea alemana Lufthansa y la estadounidense United Airlines- y del tren con los autobuses -hay un compromiso al respecto con la compañía Alsa-.

«Haremos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar» que las empresas encuadradas en «sectores clave» para el país -como Iberia en el caso del turismo- «tengan viabilidad económica». La ministra Ana Pastor oficializó así en público el mensaje que ya había hecho llegar en privado a los gestores del 'holding' IAG: no interferirá en posibles medidas de ajuste dentro de Iberia, siempre y cuando estas «no pongan en riesgo» el futuro de la aerolínea.

Con una respuesta medida, la titular de Fomento abundó en la idea de que lo que pase con Iberia «no es baladí para el futuro de Aena (el ente público de los aeropuertos), ni el de Barajas como 'hub' (base de operaciones), ni el del propio turismo en España». No obstante, declaró que su papel en este caso «solo es el de regulador (a escala nacional)».

'Olvidó' mencionar que hay cuatro representantes españoles en el consejo de IAG -dos por parte de la nacionalizada Bankia-, que durante el consejo que el grupo celebró ayer mostraron su respaldo a la «continuidad» del proceso negociador abierto con la plantilla de Iberia, a fin de reducir el alcance del ajuste contemplado en el Plan de Transformación de Iberia, el cual decidieron no ratificar.