Nuevo juez para los ERE por la baja de la titular

La continuada baja por enfermedad de la juez Mercedes Alaya desde el pasado verano y el consiguiente retraso en la instrucción, entre otros procesos, del caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público ha colmado la paciencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha decidido nombrar un juez de refuerzo para reactivar las causas pendientes. El alto tribunal autonómico también pedirá a la Junta que incorpore dos nuevos funcionarios al juzgado para agilizar el trabajo.

Alaya, que lleva el peso de la investigación, se encuentra de baja desde septiembre debido a fuertes jaquecas que incluso han requerido hospitalización. El presidente del Tribunal Superior, Lorenzo del Río, expresó su preocupación porque los médicos «no dan con la tecla» y no hay garantías de que se incorpore con «plena disponibilidad». De hecho, estaba previsto que se reincorporara el pasado jueves, pero la magistrada tuvo que ampliar la baja hasta febrero, y su ausencia se había convertido ya en una preocupación «institucional y personal», según el propio Del Río.

En este tiempo la juez ha tenido dos sustitutos, por lo que esta opción ya quedaba cerrada. El nuevo juez magistrado, que previsiblemente se incorporará la próxima semana, estará entre seis meses y un año, por lo que cuando Alaya se recupere, el juzgado podría contar con tres personas al frente. Además de los ERE, cuya instrucción acumula ya más de 20.000 folios y 200.000 documentos, así como 60 imputados, entre ellos varios exaltos cargos públicos, el juzgado investiga la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis y otros dos casos de corrupción vinculados a la lonja hispalense Mercasevilla.

La investigación sigue

El responsable del Superior de Andalucía insistió en que las causas no han estado paradas dado que la Policía prosigue la investigación e incluso se han producido nuevas detenciones, como la de un testaferro vinculado a las empresas mediadoras encarcelado la pasada semana. En este sentido, el PP, personado en la causa como acusación particular, denunció ayer que la Junta ha pagado entre 2006 y 2010 al menos 34,5 millones de euros en comisiones «abusivas y por encima de la media de mercado» a las empresas que tramitaban los expedientes de regulación de empleo falsos.

Según la vicesecretaria de Organización y Política Municipal del PP andaluz, Ana María Corredera, los nuevos datos de la Agencia Tributaria evidencian que la trama «no ha acabado y tiene aún mucho recorrido judicial y político» y al final «alguien tendrá que asumir responsabilidades».

«¿Dónde está la transparencia del señor (José Antonio) Griñán cuando se pagaban estas comisiones abusivas?», se preguntó. Lo más importante, agregó, en cuanto a transparencia se refiere «es dar un uso debido al dinero público, algo de lo que el presidente andaluz siempre se olvida».