Primera victoria judicial de los funcionarios para recuperar la extra

Triunfo parcial y limitado en el tiempo, aunque victoria al fin y al cabo. Los funcionarios han logrado que el principal tribunal madrileño les reconozca el derecho a recuperar el cobro de los días devengados de la paga extraordinaria de diciembre (o conceptos equivalentes) que fueron computados antes de la entrada en vigor a mediados de julio pasado del polémico decreto ley del Gobierno que suspendió aquella dentro de los ajustes presupuestarios. No obstante, el alcance de esta sentencia -que es recurrible en casación- está limitado a una empresa autonómica, si bien los principios esgrimidos por los jueces -fundamentalmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo- podrían aplicarse al resto de empleados públicos del país.

De hecho, eso es lo que estiman los sindicatos presentes en la Plataforma de Empleados Públicos, que ayer se reunieron para consensuar su próxima estrategia en la pugna que mantienen con el Gobierno respecto a sus derechos laborales (eliminación de los días libres llamados 'moscosos') y retributivos (congelación salarial en 2011 y 2012, tras una rebaja del 5% en 2010). A su juicio, el fallo dictado por la Sala de lo Social (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) «abre las puertas» a que los 2,53 millones de empleados públicos de las distintas administraciones (de los que el 39% es personal laboral o interino) recuperen del Estado alrededor de 33 millones de euros en concepto de cantidades retenidas «indebidamente» en cumplimiento del citado decreto, a una media de 120 euros por persona.

Para Francisco Cabezos, portavoz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, con esta sentencia «se acaba el absolutismo del Gobierno», al que instó a «dejar de meter sus arreglos económicos en las costillas de los trabajadores públicos». Sin embargo, el auto del TSJM, lejos de impedir hacerlo, le habilita en términos generales para ello «por ese imperativo cada vez más categórico de reducción del déficit público». Incluso declara el ajuste «a derecho» de los cambios introducidos por el Ejecutivo en los salarios de los funcionarios -cosa distinta dice del computo de los días trabajados-, pues supusieron un «estado de excepción» en la negociación colectiva» permitido por la doctrina del Tribunal Constitucional -destacan los jueces- y amparada por la «jerarquía normativa».

Nuevas demandas

Y es que la sentencia se limita a aceptar una de las peticiones de los demandantes (CC OO, UGT, CSIF, USO, CSIT-UP y SITI), en el sentido de que el decreto gubernamental «no puede tener efecto retroactivo», de manera que los 14 días del mes de julio ya trabajados antes de su aplicación efectiva (la extra de diciembre se calcula conforma a los derechos salariales generados en el segundo semestre) habrán de ser restituidos en términos retributivos a los funcionarios. Y punto.

Por ello, aunque satisfechos con su victoria parcial, los sindicatos no descartan recurrir ellos mismos un fallo que la Abogacía del Estado llevará ante el Tribunal Supremo. Allí es probable que acaben el resto de demandas de conflicto colectivo que irán presentando en las próximas semanas en los distintos organismos adscritos a la Administración Central -empezando por Correos, Renfe, Aena y Patrimonio del Estado, entre otros-, para extender en la fase siguiente sus recursos a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Otra de las decisiones aprobada por la Plataforma de Empleados Públicos es buscar vías a fin de que los sindicatos queden habilitados para presentar dichos recursos (como en el caso del fallo del TSJM, que afecta a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid), sin que sea necesario que cada funcionario interponga una demanda a título individual.

Y, ya en el horizonte de principios de marzo, los sindicatos convocarán una serie de movilizaciones de funcionarios a nivel provincial que concluirán con una manifestación conjunta del sector en Madrid (aún está por decidir la fecha), «en defensa de lo público» y contra los ajustes gubernamentales que han propiciado «privatizaciones con intereses espurios», sobre todo en la sanidad, apuntó Cabezos.