Penúltima vuelta de tuerca a las cajas

El Gobierno ha fijado su posición y aplicado una penúltima vuelta de tuerca a la constitución y la forma de actuar de las cajas de ahorro, que concentra en el Banco de España el control de la actividad financiera de las herederas de estas entidades. No es definitiva, porque se trata de un anteproyecto susceptible de sufrir cambios en la tramitación parlamentaria. Tampoco incide directamente en las cajas que han recibido ayudas públicas cuando la mayoría de control está en manos del Estado, casos de Bankia, Novagalicia o Catalunya Bank.

El anteproyecto que el Gobierno acaba de someter a consulta pública hasta el 7 de febrero contiene modificaciones de gran calado, pero ya ha recibido el visto bueno del sector de las entidades de ahorro. El espíritu de las viejas cajas solo lo conservarán las muy pequeñas, orientadas a una clientela local de particulares y pymes, lo que reduce el ámbito a las cajas de Ontinyent y Pollensa. La gran mayoría estarán obligadas a dividirse en una fundación y un banco antes de que termine 2014, y la novedad consiste en la asunción de competencias por el Banco de España, un control que se acrecienta en la medida en que la cuota de control sobre el banco sea más elevada.

Cuando una fundación sea propietaria de más de un 50% del correspondiente banco, esta entidad financiera habrá de presentar un plan de desinversiones y diversificación del riesgo, además de constituir un fondo de reserva que invertirán en instrumentos financieros de alta calidad, siempre dispuestos para acudir al rescate en caso de dificultades. Las cajas que ya han recibido sustanciales ayudas públicas quedan al margen, al menos mientras su principal accionista sea el Estado.

¿Van a pervivir las cajas? Solo conservarán ese estatuto las más pequeñas, limitadas a la exclusiva actividad minorista, que operen en el ámbito territorial de una autonomía y, como máximo, en hasta diez provincias limítrofes entre sí. Sus activos no podrán exceder los 10.000 millones de euros, lo que limita el campo a Pollensa y Ontinyent. Para estos casos, las asambleas generales tendrán un máximo de 150 miembros, entre un 50% y un 60% representantes de los impositores y la mitad de ellos grandes inversores, y el resto de entidades fundadoras y destinatarios de la obra social.

¿Qué futuro aguarda a las de mayor tamaño? Por encima de ese nivel de negocio, cuando una fundación tenga más del 10% de una entidad bancaria, y para las entidades que tienen mayor expansión territorial, incluidas aquellas que ya transfirieron su negocio a un banco, se ha previsto su conversión en fundaciones bancarias. Aquí figuran el grueso de las cajas 'sanas', es decir, los bancos generados por La Caixa, Kutxabank, Unicaja, Ibercaja...

¿Quién controlará el negocio bancario de las nuevas fundaciones? La regulación propuesta acompasa el control del supervisor a la participación de la fundación en el negocio bancario. Cuando la propiedad se sitúe por debajo del 30%, el Estado se va a limitar a aplicar las exigencias de los criterios básicos de un buen gobierno corporativo. En las fundaciones que tengan un control efectivo sobre el banco, o una participación superior al 30% -o por debajo de esta cuota, si puede ser considerada de control-, el Banco de España exigirá que la entidad financiera presente un protocolo de gestión. Supervisará los criterios estratégicos de actuación y el nombramiento de consejeros, y vigilará para que no se produzcan conflictos de intereses.

¿En qué casos se extremará el rigor? Cuando una fundación mantenga una propiedad superior al 50% en el banco al que dio origen se le exigirá un plan de desinversiones y diversificación del riesgo, así como la constitución de un fondo de reserva, que habrá de invertir en instrumentos financieros de alta calidad, y siempre disponibles para su conversión en dinero líquido.

¿Qué calendario se aplicará a las entidades? De partida, se tomará en cuenta la situación actual. Entidades que pudieran pasar de cajas a fundaciones tendrían cinco meses de adaptación, mientras para la adecuación al nuevo estatus de fundaciones bancarias se establece un plazo de un año a partir de la aprobación de la ley. Como cuota de participación en el negocio bancario se considerará la que ahora mantienen, sin establecimientos de límites, que solo se tomarían en cuenta en los casos de ampliación de capital.El nuevo régimen, incluidas eventuales modificaciones durante su tramitación parlamentaria, debería estar vigente a finales de 2014.

¿Qué incompatibilidades se darán entre fundaciones y bancos? Las fundaciones estarán regidas por un patronato de un máximo de veinte miembros, que no podrán tener asiento en el consejo de la entidad financiera participada. Esta incompatibilidad, que el Gobierno defiende en su anteproyecto, tropieza con una situación consolidada. Los presidentes de La Caixa y CaixaBank, Isidro Fainé; de Kutxabank, Mario Fernández; de Unicaja, Braulio Medel, y de Ibercaja, Amado Franco, incurrirían en ella.

¿Qué exigencias se van a aplicar a administradores y patronos? Se les exigirá honorabilidad y experiencia. Habrá ligeros cambios en las exigencias de conducta, porque el Banco de España «tomará en cuenta» si un candidato propuesto estuviera imputado en una causa, o incurso en «investigaciones relevantes», para finalmente decidir, según su propio criterio, sobre una designación o nombramiento, en el plazo de diez días a partir de la propuesta. Hasta ahora, el factor a considerar no era la imputación, sino la condena. Más relevante es el cambio en la evaluación de la experiencia. Todos los miembros, sin excepción, de los consejos y los patronatos, habrán de tener cualificación y conocimientos en la materia.

¿Cómo será el reparto competencial? Regirá un doble principio respecto a la actuación de las entidades. En la fundación, según fuentes del Ministerio de Economía, se aplicarán los criterios de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, de manera que cuando el ámbito principal de la obra social no exceda de una comunidad autónoma, la regulación corresponderá a las autoridades territoriales. Pero será el Estado quien decida en el resto.

¿Qué reacción ha suscitado en el sector? La Confederación Española de Cajas de Ahorro valora las propuestas del Gobierno, y entre ellas el mantenimiento de la figura de entidades de ejercicio directo, por muchas que sean sus limitaciones. La CECA juzga muy favorablemente que se contemple una desinversión gradual de las cajas en sus participaciones en los bancos, en la medida en que impone obligaciones crecientes cuando aumenta la participación. Vender con apremio, argumenta, se hubiera traducido en pérdida de valor.