Desconcierto en el Gobierno y convulsión en el PP

Mariano Rajoy guarda silencio. Tampoco ningún miembro del Gobierno quiso pronunciarse en público sobre las millonarias cuentas de Luis Bárcenas en Suiza. En privado, varios ministros confesaron el desconcierto que provocó en la Moncloa la revelación de los 22 millones de euros que manejó el extesorero y exsenador del PP y el temor a que se confirmara la información proporcionada por el abogado de Bárcenas de que su cliente habría regularizado unos 10 millones de este dinero negro mediante la amnistía fiscal del año pasado.

En el palacio de la Moncloa intentan hilvanar una respuesta sólida ante un caso que, como todos los de corrupción política, irritan, y mucho, a la ciudadanía. Fuentes del Ejecutivo indicaron que comportamientos «propios de sinvergüenzas», como el que se le atribuye a Bárcenas, hace tambalear la credibilidad del discurso del presidente del Gobierno sobre que los recortes y ajustes, aunque dolorosos, son necesarios para sacar a España de la crisis.

Soraya Sáenz de Santamaría, que participó en la presentación del Fondo Social de Viviendas, también eludió referirse a esta cuestión. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, solo dijo desde Bruselas que «no hay conexión entre Bárcenas y el PP porque hace más de dos años que dejó el partido».

En esta misma línea, pero con mayor contundencia, se expresó María Dolores de Cospedal: «El PP ya tomó decisiones en su día y esta persona -en referencia a Bárcenas- hace tiempo que no está ligada al partido». La secretaria general, más radical contra el extesorero de lo que se mostró el miércoles el portavoz de la dirección del PP, Carlos Floriano, aseguró que comprende y comparte «la indignación» de los ciudadanos ante comportamientos «ilegales o irregulares».

Cospedal reiteró, tal y como expresó durante la campaña de las elecciones autonómicas catalanas, que «si se hubiera conocido que yo tengo una cuenta en Suiza, hubiera tenido que dimitir, pero yo no tengo ninguna cuenta en Suiza ni lo voy a tener». Alfonso Alonso, portavoz popular en el Congreso, fue más gráfico aún: «Esto es muy duro para el grupo parlamentario popular». Alonso, que se mostró feliz porque el que fuera senador popular por Cantabria no tenga ya nada que ver con su formación, calificó de «imposible» que esos 22 millones de euros pudieran haber salido de los sueldos que percibió durante 18 años como gerente del PP y dos más como tesorero.

Alonso fue el primero en poner en tela de juicio el dato aportado por el abogado defensor de Bárcenas sobre la posibilidad de que su cliente se hubiera acogido a la denominada amnistía fiscal al recordar que las personas con causas judiciales abiertas -Bárcenas está imputado en el 'caso Gürtel'- no podían acogerse a este tipo de regularización.

La consigna de la dirección del PP, además de insistir en que Bárcenas dejó de ser militante en 2010, es ceñirse a que debe ser la justicia la que depure cualquier responsabilidad penal que pudiera derivarse de estos hechos.

200.000 euros de minuta

Lo cierto es que en 2010, cuando Bárcenas aún era senador del Partido Popular, no todos los barones reclamaban su cabeza. Fue Cospedal la que se opuso firmemente a su permanencia en el partido. La gota que colmó el vaso de la paciencia de la secretaria general fue la petición que hizo Bárcenas en 2010 a Rajoy para que el partido costeara su defensa en el 'caso Gürtel'. Pasó una minuta de 200.000 euros que, al menos de entrada, rechazó la secretaria general. Ninguna fuente del partido concreta si, finalmente, se abonó o no esa cantidad. Tan solo confirman que el partido cubrió los gastos de defensa de Bárcenas mientras permaneció en su cargo de tesorero, que abandonó el 10 de abril del 2010.

Rajoy, pese a sus reticencias iniciales, forzó la renuncia del veterano político tras una tensa reunión de más de seis horas que tuvo lugar en el despacho que el presidente del PP tiene en la sexta planta del edificio del partido en la calle Génova de Madrid.