El Poder Judicial duda de la legalidad de la reforma penal

El Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer un informe que presenta «amplísimas» dudas sobre la constitucionalidad de la reforma del Código Penal promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El documento ataca con dureza una de las medidas estrellas del anteproyecto de ley, la denominada custodia de seguridad, que permitiría mantener en prisión a un reo hasta diez años después de haber cumplido su pena.

Diecisiete de los 21 vocales del Consejo consideraron que esta propuesta es incompatible con la legalidad constitucional. «Se trata de la medida más onerosa a imponer a un penado» porque prevé ampliar la privación de libertad en un centro penitenciario una vez cumplida la pena impuesta por los tribunales. La razón es que se vulneran los principios de legalidad y proporcionalidad de las penas.

Además, la relación de delitos a los que se puede aplicar esta custodia de seguridad, según advierte el informe del Consejo, puede motivar la existencia de «arbitrariedades», ya que se refiere solamente a homicidios terroristas y de menores, asesinato tras una violación o a los crímenes múltiples. Un sector minoritario del pleno, reunido este miércoles con carácter extraordinario, no encontró problemas de constitucionalidad.

Más consenso hubo sobre la otra novedad del Código Penal que tramita el Gobierno, la prisión permanente revisable, que estudia penas de duración indefinida para los condenados a más de 25 años. Una mayoría del Consejo vio compatible la medida con el principio de la reinserción de los presos, que establece el artículo 25.2 de la Constitución.

Los únicos «problemas», sin embargo, se refieren a los establecidos en el artículo 25.1, que dice que «nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».