El ministro del Interior pide a Gallardón «más atención» en los indultos a los kamikazes

El indulto concedido por el Gobierno a un conductor kamikaze, condenado a trece años de prisión por la muerte de un joven en Polinyà del Xúquer (Valencia) en 2003, ha provocado la indignación de la familia del fallecido, las fuertes críticas de diversas asociaciones de víctimas de accidentes y las acusaciones sobre presunto tráfico de influencias de PSOE e IU contra el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tras conocerse que un hijo del ministro trabaja en el bufete de abogados que defendió al condenado, Uría y Menéndez, con más de 550 letrados en nómina. El hijo de Gallardón estaba en Brasil cuando se produjo la tramitación del indulto.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció ayer que también estaba incómodo y, aunque afirmó que como miembro del Ejecutivo es solidario con todas las decisiones que se toman en Consejo de Ministros, recordó que la política del Gobierno es no conceder indultos a condenados por delitos de violencia de género o contra la seguridad vial. «Se trata de un caso excepcional», acotó el ministro que, según aseguró, saca una conclusión de este caso: «En el futuro habrá que estar más atentos a estas cuestiones».

Una afirmación que más parece una llamada de atención a su colega Ruiz-Gallardón, que llevó esta medida de gracia al Consejo de Ministros pese a la negativa del tribunal que lo juzgó y de la Fiscalía, aunque con el dictamen favorable de Prisiones.