Ignacio González se compra el ático que antes alquilaba a una empresa fantasma

Giro inesperado en el ya conocido como 'caso Ático', que afecta a Ignacio González. El presidente de la Comunidad de Madrid anunció ayer de manera sorpresiva que es el propietario del piso de lujo que hace unos meses decía tener simplemente alquilado en Estepona. La 'confesión' llegó el mismo día en el que se hizo público que la justicia y Anticorrupción investigan quién se esconde tras la empresa fantasma hasta ahora propietaria del inmueble.

González llevaba un año insistiendo por activa y por pasiva en que él era solo inquilino de ese ático, perteneciente a la empresa 'off shore' Coast Investor LLC, con sede en el estado norteamericano de Delaware. Ya no es así. La versión oficial, ofrecida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, es que González adquirió el piso del Complejo Residencial 'Alhambra del Golf' hace apenas un mes, el 18 de diciembre, por un importe de 770.000 euros.

De acuerdo con esa información, el 80% del inmueble -que tiene 257 metros cuadrados, más 112 de terrazas y 238 de solárium- fue comprado por la esposa del presidente autonómico, Lourdes Cavero, con la que tiene separación de bienes. Ella pagó 616.000 euros y el resto, 154.000, fueron abonados por González. El vendedor del inmueble es la empresa norteamericana sin actividad, en el epicentro de la investigación, según consta en las escrituras facilitadas.

El jefe del Gobierno regional insistió ayer en que hasta ahora había pagado «religiosamente» el alquiler y reiteró que no tiene ninguna relación con el anterior propietario de ese piso de lujo. En ese sentido, adujo que «lo único» que ha reclamado la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, Mariana Peregrina, es información para conocer si el antiguo propietario del inmueble ha cumplido sus obligaciones fiscales. O sea, alegó, nada que ver con él.

Respaldo judicial

En su defensa, González recordó también que ya fue objeto de una investigación no judicializada en 2011. Y argumentó que, en abril de 2012, denunció esos hechos, a su juicio «tan graves», ante la Fiscalía y que el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, los calificó de «ilegales». Aquellas pesquisas costaron el puesto a dos mandos policiales: el comisario de Marbella, Hermés de Dios y el número 1 de la Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla.

Sin embargo, una juez y de la Fiscalía Anticorrupción respaldan ahora las indagaciones sobre el polémico ático y, de hecho, Fernández Díaz no se atrevió ayer a desdeñarlas de nuevo. Aunque recordó que la Fiscalía archivó en otras dos ocasiones denuncias sobre el piso de la 'Milla de oro', el ministro dijo respetar la división de poderes y aseguró que pondrá «a disposición» de la instructora a los agentes que sean necesarios para aclarar si existe o no fraude fiscal.

Fernández no quiso entrar en la compra contrarreloj del inmueble. «Lo ignoraba, pero no es mi competencia y tengo cosas más importantes a las que dedicarme que saber de quién es un ático en Marbella, Fuengirola o Llavaneras», ironizó. «No está entre las responsabilidades del Ministerio del Interior», intentó zanjar.

Los que no dieron por finiquitado, ni mucho menos, el asunto son el Sindicato Unificado de la Policía y la oposición madrileña. El SUP, que en octubre denunció el supuesto engaño a Hacienda en la compra del ático que ha dado lugar a la apertura de una investigación judicial, reclamó al titular de Interior la inmediata destitución del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que también defendió que aquellas pesquisas estaban fuera de la ley.

Además, el sindicato exigió la restitución en sus puestos de los dos comisarios a los que Cosidó destituyó por investigar si González estaba detrás de la propiedad del ático. Todo ello, explicó José Manuel Sánchez Fornet, su secretario general, «sin perjuicio de que siga la Investigación judicial para ver cómo había sacado el dinero de España» el presidente de la comunidad, «o dónde lo tenía ingresado».

Por su parte, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, aseguró que el presidente madrileño ha «mentido» y defendió que su implicación en un supuesto caso de corrupción le debe obligar a «presentar de forma inminente su dimisión». Su grupo parlamentario registró además una petición en la Asamblea para que haga pública su declaración de bienes y actividades.