Artur Mas abre la puerta a una consulta descafeinada y sin efectos jurídicos

Artur Mas empieza a ponerse la venda antes de la herida. Consciente de las dificultades jurídicas, y sobre todo políticas, que encontrará en el camino hacia la consulta sobre la autodeterminación, el presidente de la Generalitat trató ayer de ir mentalizando a los suyos de que el proyecto que ha emprendido puede que no salga como los partidarios del soberanismo desean.

Y es que, a día de hoy y pese a que la convocatoria del referéndum es el gran objetivo del Gobierno catalán para la legislatura, Mas ni siquiera puede garantizar que la votación vaya a producirse. «Ahora no es nada evidente que podamos llegar a hacer la consulta. Hemos de trabajar para poder hacerla», dijo el jefe del Ejecutivo catalán. Un discurso que dista mucho del que mantuvo tras la manifestación de la Diada y durante la campaña electoral, cuando afirmaba por activa y pasiva que la consulta se celebraría «sí o sí».

Mas alertó a los millones de catalanes que esperan ya casi en capilla el día del referéndum de que la consulta, de convocarse, podría estar descafeinada. Eso sí, no tanto como las que organizaron más de medio centenar de municipios entre 2009 y 2011 en sus ayuntamientos. Todo apunta a que la cita con las urnas de 2014 no tendrá nada que ver con un referéndum vinculante, cuyo resultado sitúe a Cataluña al borde de la independencia al día siguiente. «Encontraremos una vía para dar un marco de legalidad a la consulta. Pero no es lo mismo hacer un referéndum dentro del Estado y con vinculación jurídica que hacer una consulta, organizada por las instituciones catalanas, sin vinculación jurídica», afirmó en Catalunya Rádio.

En cualquier caso, la votación que tiene en mente seguiría teniendo, a su juicio, un «gran valor». No jurídico, pero sí simbólico y también político porque mediría el grado de apoyo a la autodeterminación. El referéndum, además, puede que incluya dos preguntas y podría, incluso, retrasarse más allá de 2014, según dejó entrever Mas.

El marco legal

Lo que está por ver es qué marco legal amparará el proceso. El líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, que vertió más agua al vino al afirmar que alcanzar un Estado español confederal es tan difícil como la independencia de Cataluña, insistió en reclamar un referéndum que respete la legalidad. Y apuntó que una de las posibilidades que baraja la federación nacionalista es redactar una ley catalana que dé cobertura al proceso y no sea recurrida por el Gobierno español.

Este último extremo se presenta complicado porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya ha dicho en varias ocasiones que impugnará la norma y la llevará al Constitucional. CiU, por tanto, deberá negociar con el Gobierno porque de lo contrario tendrá la vía legal cerrada. Por ello, el president del Govern se anticipó ayer en pedir al Estado que si no acepta el proceso soberanista mueva ficha y presente alguna solución que sea atractiva para Cataluña. «Si no están de acuerdo con lo que pasa con Cataluña, siéntense y como Estado español hagan un ofrecimiento a Cataluña, pero nosotros, mientras tanto, debemos continuar nuestro camino porque, si no lo hacemos, nos iremos diluyendo», dijo.

Las palabras del president catalán llegan en un momento en que, precisamente, empiezan a producirse movimientos tanto del PP y del PSOE en relación al problema catalán. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, propuso en el último comité federal una reforma federal de la Constitución que reconozca la singularidad de Cataluña, un término que también ha adoptado el PP catalán, que lleva meses hablando de una reforma del sistema de financiación.

Mas reclamó también a Rajoy una solución económica a la actual situación de penuria de las cuentas públicas y exigió una vez más que flexibilice el déficit de las autonomías. En este punto, Mas fue muy crítico con el Gobierno central. «No da alternativas, va a saco» contra Cataluña, dijo. «Nos pone en una situación de asfixia y de ahogo», remató.