CiU y Esquerra ven difícil el consenso en torno a la declaración de soberanía

Las fuerzas políticas catalanas siguen enfrascadas en la búsqueda del máximo consenso en torno a la declaración de soberanía, un texto que en el primer pleno de la legislatura en el Parlament, el 23 de enero, se someterá a votación. Sus promotores, CiU y Esquerra Republicana, en aras del acuerdo más amplio posible renunciaron a la pretensión del Estado propio y se limitaron a reclamar el derecho a decidir del pueblo catalán.

La proclamación solemne de soberanía es el primer punto de la hoja de ruta que han pactado nacionalistas y republicanos para la convocatoria de una consulta en 2014 sobre el futuro político de Cataluña. De ahí que ambas formaciones se empleen a fondo para lograr el apoyo de las demás fuerzas que concurrieron a las elecciones con la consulta en sus programas, PSC, Iniciativa per Catalunya y CUP.

Descartados el PP y Ciutadans, tanto CiU como Esquerra se han fijado como objetivo que 107 de los 135 diputados que tiene el Parlament voten a favor de que Cataluña pueda pronunciarse mediante una consulta. En este supuesto, el 80% de los diputados de la Cámara respaldarían una resolución a favor del referéndum, lo que trasladaría un mensaje político muy contundente al Gobierno de Mariano Rajoy, que se niega a hablar de todo lo que tenga que ver con la consulta.

En cualquier caso, para lograr la cifra de 107 escaños, CiU y ERC necesitan al PSC. Y a pesar de que han decidido rebajar el contenido soberanista de su propuesta, los socialistas están a años luz de unirse al consenso. Lo afirmaron desde el propio PSC, lo dieron a entender desde el Govern catalán y lo corroboraron desde Esquerra. Los socialistas catalanes, a través de su portavoz, Maurici Lucena, aseguraron que no pueden suscribir un documento que define a Cataluña como sujeto de soberanía jurídica y política porque provocaría serios problemas con el PSOE, ya que tal afirmación implica que solo los catalanes participarían en el referéndum, y no todos los españoles, como defiende la dirección federal socialista.

Sobre este extremo, cualificadas fuentes del Ejecutivo de Artur Mas señalaron que el pueblo de Cataluña ya es sujeto político con soberanía propia desde hace más de 30 años. Por ejemplo, cuando ha votado sus dos estatutos de autonomía. En esos casos, las Cortes españolas no tienen la última palabra, sino que la tiene el pueblo catalán que mediante referéndum ratifica el texto estatutario y por tanto decide sobre el nivel de autogobierno de Cataluña. «Con voluntad política hay mucho recorrido posible» en el ordenamiento jurídico español, dijeron las fuentes consultadas.

«El PSC es partidario del derecho a decidir, pero hay que hacer las cosas de forma seria y negociar primero como se hizo en Canadá o en el Reino Unido», replicó el socialista Lucena. El Ejecutivo catalán, que se deshizo en elogios hacia Iniciativa, CUP, pidió «gestos generosos» al PSC, aunque de alguna manera ya asume que el concurso de los socialistas se antoja muy complicado. «Tendremos que tirar adelante sin ellos», dijo el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras.

Por tanto, a día de hoy, el objetivo realista de los promotores de la declaración es alcanzar los 87 votos y no 107. Casi dos tercios de la cámara, una proporción similar a la que registró la declaración que el Parlament hizo poco antes de las elecciones, también a favor del derecho a la autodeterminación. Entonces, respaldaron el texto CiU, ERC, Iniciativa y Solidaritat, y el PSC se abstuvo. El 23 de enero volverán a apoyar la proclamación CiU y ERC, además del previsible voto de ICV y CUP, que se estrena esta legislatura, en la que no está Solidaritat. Está por ver qué hará el PSC, que fijó su línea roja «en la legalidad vigente», pero la abstención gana posiciones.

Cuatro propuestas

En el debate de la semana que viene se votarán cuatro propuestas, pero la única que saldrá adelante será la de CiU y ERC, y serán rechazadas las de Iniciativa, PSC y las CUP. Entre otras cuestiones, la declaración de convergentes y republicanos evitará toda referencia al Estado propio y se centrará estrictamente en el ejercicio del derecho a decidir. «El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano», afirma. «Se utilizarán todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejercicio del derecho a decidir», concluye el texto.

El hecho de que CiU y ERC hayan dejado el Estado propio en segundo plano se interpreta como una victoria del líder de Unió Democrática, Josep Antoni Duran Lleida, que pedía gestos para ampliar la mayoría, frente a las tesis de ERC y los más soberanistas de Convergència, y que ayer reiteró su apuesta por un Estado confederal y no por una Cataluña independiente.

El PP hurgó en ese flanco y su líder en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, emplazó a los 13 diputados de Unió, la cuarta parte de los de CiU, a frenar con su voto en contra la declaración de soberanía. Su rechazo supondría una sonora bofetada a los planes de Artur Mas y pondría en crisis a la federación nacionalista.