La oposición rechaza modificar la jubilación anticipada

El Gobierno avanza hacia el endurecimiento de la jubilación anticipada y la jubilación parcial para cuya reforma se ha dado un plazo de tres meses tras suspender la entrada en vigor en este ámbito de la ley de pensiones prevista para el 1 de enero. Los portavoces parlamentarios del Pacto de Toledo celebrarán su primera reunión del año hoy a propuesta del Partido Popular para ver qué posibilidades hay de consenso. Se trata de una reunión informal, pero los principales grupos de la oposición expresarán su rechazo a la reforma o, al menos, a la que plantea el Gobierno.

El Ministerio de Empleo quiere retrasar de 61 a 63 años la edad a la que pueden jubilarse anticipadamente los trabajadores despedidos forzosamente. En coeficientes reductores de la pensión, estudia aplicar a todos el máximo de 1,875% por cada trimestre que se anticipe la jubilación. La ley 27/2011 contempla ese coeficiente para los pensionistas que han cotizado menos de 38 años y medio, mientras que para los que han cotizado más el coeficiente es algo menor. Otro elemento que se agravaría son los años exigidos de cotización. En cuanto a la jubilación parcial, el Ejecutivo plantea incrementar la jornada mínima de trabajo al menos hasta el 50% de la jornada normal y retrasar la edad a los 63 años -en la actualidad, se pueden acoger a ella a partir de los 60 años, 61 años con la ley suspendida-.

La portavoz del grupo popular en el Pacto de Toledo, Carolina España, asegura que el objetivo es que el mayor número de grupos parlamentarios se sume al acuerdo y que se pueden modular las propuestas para acercar posturas. De entrada, el grupo socialista rechaza negociar nada que no sea la entrada en vigor de la ley suspendida y exige que el Gobierno «se siente» con los sindicatos. La portavoz socialista Isabel López i Chamosa asegura que, si no hay acuerdo con los agentes sociales, su grupo no apoyará reforma alguna.

Joan Coscubiela, diputado de ICV y portavoz de Izquierda Plural en el Pacto de Toledo, considera que es «innecesario» reformar una ley que aún no ha entrado en vigor, por lo que, a su juicio, obedece más a una intención de «revanchismo» y a cumplir con la Unión Europea a cambio del rescate a la banca. No obstante, precisa que hay un «pequeño margen» para reformar la jubilación parcial en el sentido de revertir el coste que tiene sobre las empresas con beneficios que la apliquen (el Ministerio de Empleo cifra en más de 84.000 euros el coste de cada jubilado parcial), así como exigir mayor estabilidad en los contratos de los relevistas. Pero rechaza cualquier endurecimiento de la jubilación anticipada, ya que agravará la situación de los parados mayores de 55 años obligándoles a permanecer más tiempo dependiendo del subsidio asistencial. «Es una salvajada», concluye Coscubiela. La mitad de los jubilados en el régimen general lo hicieron anticipadamente en 2011 y más de la mitad eran parados sin subsidio o con subsidio asistencial.

Tampoco en CiU encuentran sentido a la reforma de la jubilación anticipada y parcial que sólo va a conseguir que «los trabajadores expulsados del mercado de trabajo vean reducida su pensión», según su portavoz Carles Campuzano. En su opinión, sería preferible abrir la negociación del factor de sostenibilidad. Donde sí encontrará una predisposición favorable el PP es en el PNV «aunque con muchas reservas», matiza su portavoz Emilio Olabarría. El diputado vasco recalca que hay que tomar medidas para la sostenibilidad del sistema, pero «que no recorten derechos o prestaciones», aunque no se opone a retrasar a 63 años la edad de jubilación anticipada.