Rajoy y PSOE, contra el euro por receta

La lucha contra el euro por receta impuesto el 1 de enero por la Comunidad de Madrid es el primer asunto político de calado en el que coinciden el Gobierno de Mariano Rajoy y el PSOE desde el inicio hace un año de la legislatura.

El partido liderado por Alfredo Pérez Rubalcaba acudió ayer al Tribunal Constitucional para impugnar la tasa farmacéutica autonómica por considerarla una violación de la Carta Magna y «una agresión contra los ciudadanos». Con su movimiento ganó por la mano al Ejecutivo, que acordó también ayer facultar a la Abogacía del Estado para que a la mayor brevedad posible transite idéntico camino y presente un recurso de inconstitucionalidad contra el copago sanitario acordado por el Ejecutivo popular de Ignacio González, el sustituto de Esperanza Aguirre.

El gabinete de Rajoy no ha podido ir tan rápido porque antes de acudir al tribunal debe contar con el informe preceptivo del Consejo de Estado, a cuya comisión permanente ha dado un plazo máximo de cinco días para elaborarlo. Esto hace pensar que la impugnación del Ejecutivo llegará a la corte garante de la Carta Magna la semana que viene o, como muy tarde, la próxima.

Invasión de competencias

El contenido del informe que elaborará el Consejo de Estado ya se puede anticipar porque será igual al que redactó en noviembre pasado y que concluyó la inconstitucionalidad del euro por receta establecido desde junio de 2012 en las farmacias catalanas por la Generalitat, dictamen que llevó al Gobierno central a recurrir en diciembre la tasa de Artur Mas y a pedir al Constitucional su suspensión inmediata.

El órgano asesor indicó que la tasa catalana -como ahora la madrileña- invadía las competencias estatales exclusivas en la fijación de precios de los medicamentos sujetos a financiación pública y que la medida rompía el acceso «en condiciones de igualdad efectiva» de los ciudadanos a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

El recurso del Ejecutivo contra el impuesto farmacéutico madrileño llegará el segundo a la corte, pero posiblemente será el primero en provocar consecuencias prácticas. La razón es que el Gobierno, a diferencia de otros demandantes, tiene la facultad constitucional de pedir la paralización cautelar de cualquier medida de una comunidad autonónoma que considere que invade sus competencias, como es el caso, y el Constitucional tiene la obligación de acordar esta suspensión de forma automática solo por el hecho de haber admitido a trámite el recurso. La congelación cautelar duraría un máximo de cinco meses y, si agotado el plazo el tribunal no ha resuelto sobre el fondo del asunto, debe decidir si levanta o prorroga la suspensión.

De hecho, esta misma medida, ya solicitada en el recurso presentado contra el euro por receta catalán, será acordada por el Constitucional en breve plazo.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró ayer que la presentación del recurso contra la Comunidad de Madrid es «un ejercicio de coherencia» de Mariano Rajoy, que tomaba la misma decisión que acordó con Cataluña ante otra violación idéntica, con independencia de que la segunda comunidad este gobernada por representantes del PP. El recurso que ahora se anuncia ya lo anticipó Rajoy en noviembre para evitar que otras comunidades populares cayesen en la tentación de Madrid.