Obama se planta ante las armas

Esta vez será diferente, ha prometido el vicepresidente Joe Biden. Si el Congreso bloquea los esfuerzos de Barack Obama para frenar las orgías de violencia que sacuden al país, el presidente está dispuesto a imponerse. «Hay órdenes ejecutivas que se pueden adoptar, no hemos decidido todavía cuáles, pero las estamos compilando con la ayuda de abogados y todos los miembros del gabinete», advirtió ayer el vicepresidente.

Cada día mueren en Estados Unidos 85 personas de un disparo. En comparación, en Gran Bretaña las armas de fuego matan a 35 personas al año. «EE UU es un país violento que nació del whisky y las pistolas», argumentó en un debate televisivo Alex Jones. El locutor de radio de ultraderecha enarbola el linchamiento -o la deportación, en el caso del presentador de CNN Piers Morgan- de quienes defienden la regulación de armas de asalto como las utilizadas en las últimas masacres.

La batalla que se lleva a cabo en la opinión pública tiene como objetivo forzar al Gobierno de Obama a cumplir con su promesa. El encargado de proporcionarle recomendaciones específicas es Biden, que durante su tiempo en el Senado ayudó a elaborar la Ley Brady, que requiere comprobar los antecedentes penales de los compradores de armas. Aquella surgió de una tragedia, la del portavoz de la Casa Blanca que casi muere en el intento de asesinato de Ronald Reagan. La que impulse Obama, si lo consigue, también surgirá de otra tragedia: la de la muerte de 27 personas, incluyendo 20 niños, en el colegio de Sandy Hook (Newtown, Connecticut). Esta enlazará con otra, la de Tucson (Arizona), que dejó a la entonces congresista Gabrielle Giffords con daños cerebrales. Como Brady, que también sufrió daños neurológicos y quedó condenado a una silla de ruedas, Giffords acaba de convertirse en una gran defensora del control de armas, junto a las víctimas de otros tiroteos.

Medidas tajantes

Algunas de ellas estuvieron presentes en la reunión que convocó ayer el vicepresidente en la Casa Blanca para escuchar la opinión de quienes llevan años luchando por estas medidas. Hoy le tocará el turno de escuchar a la contraparte, los lobbies que representan a la industria armamentística y a los usuarios de armas, obsesionados con la paranoia de que el Gobierno federal y otras fuerzas «globalizadoras» quieren arrebatarles su sacrosanto derecho a portar armas, «como hicieron Hitler, Stalin, Mao, Castro», gritaba en su hilarante paranoia el presentador de radio, «mientras el Gobierno compra 1.600 millones de balas, tanques, helicópteros, vehículos blindados, drones para militarizar los cielos de EE UU y arrestar a la gente de Dakota del Norte».

El clamor que más consenso obtiene es restituir la prohibición de que los civiles posean armas de asalto automáticas con cargadores de alta capacidad, que permiten al pistolero disparar como loco sin tener ni que parar para recargar el arma. El de Tucson no los tenía y gracias a esa pausa le tumbaron antes de que pudiera matar a más gente.

El Gobierno de Obama, sin embargo, pretende hacer más que eso. Su objetivo es sacar adelante un paquete global de medidas que vayan desde limitar estas peligrosas armas de uso militar, hasta revisar el historial mental de los compradores, pasando incluso por pasar revista a la industria de los videojuegos. Algunos de sus miembros están invitados a la reunión de hoy, como también representantes de las grandes cadenas de supermercados que suplen armas a la América profunda, como Walmart.

El invitado que más interés despierta, sin embargo, es la poderosa Asociación Nacional del Rifle, que con sus 4,3 millones de miembros y los millones de dólares que invierte en elegir políticos afines es el rival más duro. Su solución es poner más armas en las manos de todos. Hoy, dicen, solo vienen a escuchar qué tiene que decir la Casa Blanca.