Acepta una pena de año y medio por blanquear dinero de la droga

La Audiencia Provincial ventiló rápido ayer un asunto por blanqueo de capitales que iba a sentar en el banquillo a un supuesto cabrero, vinculado al tráfico de drogas y condenado en 2005, que había sido arrestado en la primavera pasada tras permanecer en paradero desconocido desde marzo de 2008. José Antonio R. P., de 40 años y vecino de Chiclana, aceptó los hechos que le imputaba la Fiscalía Antidroga y a cambio vio reducida la pena que pedía inicialmente el Ministerio Público.

De los tres años que solicitaba la fiscal, la sentencia de conformidad se quedó en el año y medio de cárcel. La condena lleva aparejado el decomiso de dos motocicletas de gran cilindrada (una de ellas tenía un valor de 9.000 euros hace 13 años) y de 96.000 euros (16 millones de las antiguas pesetas).

El ahora condenado ha pedido la suspensión de la ejecución de la pena que legalmente le corresponde ya que los antecedentes que atesoraba del año 2005 -condena por transportar 500 kilos de hachís en un vehículo- no son computables ya a efecto de reincidencia. Según confirmaron fuentes judiciales, al tratarse de una pena inferior a los dos años, no tendrá que ingresar en prisión.

Sin embargo, se da la circunstancia que este vecino de Chiclana fue detenido en 2002 cuando trabajaba a pie de playa en la descarga de un alijo de 1.726 kilos de hachís que fue introducido por la playa de Cortadura, a la altura del Ventorrillo el Chato. Esta causa fue juzgada en 2010 y los implicados en esa operación de entrada de droga fueron condenados. Sin embargo, José Antonio R. P. no pudo ser acusado en ese momento porque se encontraba en paradero desconocido.

Esto ha permitido que ayer pudiera solicitar la suspensión de la ejecución de la pena que puede quedar invalidada si en los próximos meses se señala el juicio que aún tiene pendiente por el alijo del año 2002 y es condenado en los mismos términos que el resto de procesados.

La acusación que esgrimía la Fiscalía se basaba en el estudio patrimonial que hicieron a José Antonio P. R. cuando fue investigado a principios de la década pasada por su vinculación con narcotraficantes de la zona de Sanlúcar. Vigilancia Aduanera comprobó cómo pudo adquirir en metálico una finca valorada en el año 2000 en 90.000 euros, que posteriormente vendería a un tercero de buena fe.