Una alineación, pero no un equipo

El 22 de diciembre se cumplió un año de la toma de posesión del Gobierno. Desde entonces, y durante uno de los ejercicios más complejos para la gobernabilidad de España, con recaída en la recesión y amenaza de rescate europeo, los responsables económicos del Ejecutivo han demostrado su mejor o peor hacer, pero en ningún caso se han comportado como un equipo. Mariano Rajoy asumió personalmente el papel de coordinador. En la práctica, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el jefe de la Oficina Económica, Álvaro Nadal, han ejercido la función de intermediarios con el presidente del Gobierno. Un sistema que no ha funcionado, a la vista de las numerosas ocasiones en que las divergencias han salido a la luz y de la cantidad de problemas enquistados por este motivo.

A Luis de Guindos, que habla un inglés fluido, le ha correspondido la delicada misión de convencer a los fondos de inversión de que, pese a la escalada de la prima de riesgo, España tiene futuro. Es el representante en los decisivos Consejos de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin), donde ha aprendido a moverse con soltura, pese a las dificultades que plantea España como alumno poco eficaz en la reducción del déficit.

Las informaciones sobre las cuentas públicas recortes, objetivos y cumplimiento de los compromisos le han enfrentado en numerosas ocasiones a su colega el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pero, sobre todo, el choque ha sido frontal en la reestructuración bancaria, pieza clave de la estrategia de España para recuperar la confianza de los mercados. El Partido Popular, en sintonía con Montoro, le reprochó el trato dispensado a Rodrigo Rato, uno de los suyos, que tuvo que salir de Bankia de una manera poco airosa y ahora está imputado por varios delitos. Fue la consecuencia de una estrategia política -la fusión entre cajas bajo la misma influencia- y económica, la salida a Bolsa en el momento más inoportuno, impuesta desde el Banco de España.

De Guindos, no obstante, se muestra ufano de las condiciones obtenidas para la recapitalización de la banca, y algo araña de los réditos que Mariano Rajoy ha logrado en los recientes Consejos Europeos. Su función de interlocutor con los fondos de inversón y las agencias calificadoras sigue siendo difícil, pero las fuertes tensiones se aliviaron con la colaboración del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi.

Mucho más político que técnico, Cristóbal Montoro es la antítesis de Luis de Guindos. El titular de Hacienda es el encargado de poner orden en casa, el de los chascarrillos y los mensajes destinados al consumo interno. Guarda las llaves de la caja y su veteranía -ya fue ministro de Hacienda con Aznar- y el trabajo en la oposición le han aportado peso en el Ejecutivo.

Mariano Rajoy lo eligió para sanear las cuentas, y ese gran objetivo incluye la difícil tarea de embridar el gasto de las comunidades autónomas. Toda una faena que le ha llevado a sostener duras discusiones con los gobiernos regionales en los Consejos de Política Fiscal y Financiera. Esas disputas han llegado a ser enfrentamientos abiertos en los casos de Cataluña y Andalucía, los territorios que más se han opuesto a la austeridad dictada desde el Ministerio de Hacienda.

Montoro tiene en su haber éxitos como el mecanismo de pago a proveedores, pero también ha sido el valedor de medidas polémicas y contradictorias con lo que propugnó cuando ejercía de opositor a Zapatero. Ahí están las subidas del IVA y del IRPF, la fracasada amnistía fiscal y promesas incumplidas, como la de reducir un punto este año las cotizaciones sociales que pagan las empresas.

En contra de la doctrina y del programa del PP, Montoro ha elevado la presión fiscal. Por el lado del gasto, sus recortes han golpeado servicios esenciales como la sanidad y la educación y han afectado a las prestaciones por desempleo y las pensiones, piezas clave del Estado de bienestar. Quizá para mitigar esa imagen tan negativa, Montoro anunció hace unas semanas que publicará el listado de los mayores defraudadores del país.

Montoro y De Guindos han emitido en muchas ocasiones mensajes contradictorios, y elevado sus diferencias hasta Rajoy a través de los mediadores. Álvaro Nadal, aunque discípulo del titular de Hacienda, a veces se ha decantado por apoyar al responsable económico. Pero la más pública confrontación entre miembros del Gobierno la han protagonizado Montoro y el ministro de Industria, José Manuel Soria.

A golpe de comunicado

Había que buscar una salida al déficit de la tarifa eléctrica, nada menos que 24.000 millones, y creciendo. El ministro de Hacienda rechazó penalizar a parte de las renovables al tiempo que reivindicó decidir sobre el destino de los impuestos. Soria desveló las intenciones de Montoro, y ambos ministros ventilaron sus diferencias a golpe de declaraciones en la prensa y reparto de comunicados.

Aunque, en apariencia, ganó Soria, los problemas permanecen, por más que se decidiera elevar los impuestos a las empresas energéticas y apelar al Presupuesto del Estado para cubrir el abultado resto. Y se da la circunstancia de que será Alberto Nadal, hermano gemelo del jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, quien, recién nombrado secretario de Estado de la Energía, se encargue de buscar una nueva y compleja salida al conflicto. Todos los agentes, desde las empresas a los consumidores, están en pie de guerra, y la solución no se augura fácil.

Otras áreas de la responsabilidad de José Manuel Soria le han proporcionado mayores satisfacciones. Es el caso de las llegadas de turistas extranjeros, actividad que mantiene el dinamismo y que -junto al saldo exportador- se ha convertido en uno de los pocos laureles que puede exhibir el Gobierno.

Báñez y Pastor

La ministra de Fomento, Ana Pastor, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, son como la cara y la cruz del Gobierno. Mientras la titular de Fomento se ha convertido en ejemplo de ministra apagafuegos, evitando con su intervención la huelga de los trabajadores de Iberia y Renfe en fechas prenavideñas, la responsable de Empleo ha encadenado pésimos datos y ha roto con la fama de dialogante con la que llegó al ministerio.

«Siempre preferiré un acuerdo, aunque sea parcial, a una reforma por decreto», aseguraba al poco de entrar en el Gobierno. Sin embargo, en apenas dos meses sacó por decreto una reforma laboral que abarataba y facilitaba el despido, amén de flexibilizar medidas de ajuste interno, que provocó la primera huelga general contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Va camino de convertirse en la ministra de los seis millones de parados y ha faltado a las tres cumbres europeas de ministros de Empleo. Sus declaraciones tampoco han sido afortunadas. Dijo que 2012 debía ser «el año de la esperanza en el empleo», y se ha cerrado con un récord de paro y caída del empleo. En octubre, su optimismo estaba fuera de lugar. «Estamos saliendo de la crisis y estamos viendo ya señales esperanzadoras en un entorno muy difícil», dijo, pero su visión no fue refrendada por otros compañeros de Gabinete.

En el ministerio de Fomento, en lugar de aventurar la salida de la crisis lo que han hecho es volcarse en apoyar a las empresas españolas para que puedan lograr grandes contratos de infraestructuras en el extranjero que compensen los recortes de inversión en España (la licitación pública se ha reducido un 56%). En suma, dispares enfoques por parte de un Ejecutivo poco cohesionado para afrontar un 2013 difícil.