Hacienda descontará la deuda de los municipios morosos con proveedores
Cristóbal Montoro suspende la ejecución de los planes de reequilibrio de cuentas de siete comunidades
MADRID. Actualizado: GuardarEl Gobierno quiere acabar con la morosidad de las administraciones públicas y, de paso, someter a los ayuntamientos y comunidades autónomas a la nueva legislación que limita a 60 días el plazo máximo para que paguen a sus proveedores. Y cuando eso no sea posible por las buenas -es decir, mediante la rigurosa puntualidad en el pago de las facturas de los gestores de los entes territoriales- el Ejecutivo central tomará medidas para descontar a los incumplidores los importes pendientes de su parte de los ingresos del Estado.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer en Sevilla la puesta en marcha de un «nuevo instrumento de gestión que facilitará a los proveedores el cobro de deudas que tengan pendientes con la administración». Se trata, a grandes rasgos, de habilitar un mecanismo que permita a las empresas proveedoras de bienes y servicios que reclamen deudas a los ayuntamientos y comunidades recurrir a Hacienda para que «arbitre la forma de pago» de esas obligaciones.
«Vamos a crear un instrumento por el que un proveedor de cualquier administración se podrá dirigir al Ministerio de Hacienda de forma directa para que este departamento sea el que arbitre la forma de pago a ese proveedor. El Ministerio, que es el que gestiona la participación en los ingresos del Estado de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, será el encargado, en su caso, de detraer los recursos a la administración morosa», recalcó Montoro tras recibir el premio Impulso al Autónomo, concedido por la Federación de Autónomos (ATA) por el desarrollo del plan de pago a proveedores.
El responsable de Hacienda insistió en que esta es una de las reformas que el Gobierno emprenderá en los primeros meses del año. «Vamos a hacer que se cumpla estrictamente la Ley de Morosidad en todas las administraciones. Ninguna se va a financiar a costa de no pagar a sus proveedores, ni siquiera temporalmente, a un año, como se hace ahora en algunos casos», resaltó Montoro.
Fuentes de su departamento puntualizaron que se trata de una medida «todavía en fase de estudio». El plan es que pueda ver la luz en el primer semestre de 2013. Una vez en vigor, la meta es que «en España no se debe escuchar una voz que diga a mí me debe (dinero) un ayuntamiento o una comunidad», declaró el ministro en Sevilla.
Las fuentes de Hacienda consultadas subrayaron que a partir de este año las comunidades dispondrán de tres vías para hacer frente a los pagos. La primera es buscar financiación por su cuenta. La segunda consiste en recurrir a préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica, que permitirá afrontar con sus recursos los vencimientos de la deuda y también destinarlos a saldar las cuentas pendientes con los proveedores. La tercera y más novedosa es que el Gobierno podrá descontar directamente la deuda de su parte de la 'tarta' de los impuestos.
Ambigüedad con Cataluña
Hacienda también dio a conocer ayer sus informes sobre el seguimiento hasta el tercer trimestre de la ejecución de las medidas contenidas en los planes económico-financieros de reequilibrio de las de las comunidades autónomas. Los dictámenes elaborados por el ministerio 'suspenden' a siete territorios -Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Baleares- al advertir «desviaciones» en la aplicación de las políticas comprometidas con el Estado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En el caso de Cataluña, comunidad que se sigue con especial atención, el diagnóstico de Hacienda es ambiguo. Señala que el cumplimiento de los objetivos de déficit acordados dependerá de que sus ingresos mejoren en la cuantía esperada mediante la «venta y concesión de activos».
A falta de un más actualizado, el ministerio anunció la semana pasada que las comunidades recortaron gasto por 7.243 millones de euros en los cuatro primeros meses de aplicación de estos planes económico-financieros, aprobados en mayo de 2012. Por el lado de los ingresos, estas medidas les reportaron 1559 millones de euros más.