Incineran a la joven india de 23 años fallecida tras sufrir una violación colectiva

El cuerpo de la estudiante india que fue víctima a mediados de diciembre de una violación colectiva y que tenía planeado casarse en febrero, fue incinerado ayer Nueva Delhi rodeada de importantes medidas de seguridad. La joven de 23 años fue incinerada en presencia de familiares y dirigentes políticos que acudieron a la breve ceremonia rodeada de fuertes medidas de seguridad, horas después de la llegada del cuerpo de la estudiante desde Singapur, donde había sido trasladada de urgencia el miércoles por la noche en estado crítico.

La pira funeraria comenzó a arder después de que familiares y amigos rezaran sus últimas oraciones en la ceremonia celebrada en el sudoeste de Nueva Delhi, según algunos asistentes que revelaron que la estudiante de fisioterapia tenía planeado casarse en febrero con su novio, que también resultó herido en el mismo ataque. «Habían hecho todos los preparativos y planeaban una fiesta de boda en Nueva Delhi» para febrero, dijo Meena Rai, una vecina y amiga de la víctima. «Realmente amaba a esta muchacha. Era la más brillante de todas las muchachas de nuestro barrio».

El primer ministro indio, Manmohan Singh, y la presidenta del Partido del Congreso en el poder, Sonia Gandhi, acudieron al aeropuerto de Delhi a recibir el féretro y ofrecer sus condolencias a los familiares. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, envió sus condolencias a los padres y familiares de la víctima. «La violencia contra las mujeres nunca debe ser aceptada, nunca excusada, nunca tolerada», dijo el portavoz de Ban.

Después de ser tratada en un hospital de Nueva Delhi, la joven india fue trasladada al hospital Mount Elizabeth de Singapur el miércoles por la noche, donde los médicos fueron incapaces de impedir un fallo orgánico múltiple. Se certificó su muerte en las primeras horas del sábado. Su fallecimiento llevó al Gobierno a prometer una mayor protección para las mujeres, penas más severas para los delitos sexuales más extremos y la aceleración del lento sistema judicial que, a menudo, falla a la hora de proporcionar sentencias oportunas.

La ONG Human Rights Watch hizo un llamamiento al Gobierno para que prohíba el uso del llamado «test del dedo», en el que un doctor comprueba la tensión vaginal de una víctima de violación, aparentemente, para determinar si está «habituada a las relaciones sexuales». Estas pruebas conllevan falta de rigor científico y «resultados degradantes».