«Nadie plantea reducir municipios ni provincias sino mejorar su gestión»

Goza de una amplia mayoría absoluta en la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP) pero se esfuerza en sacar adelante todos los acuerdos por unanimidad. Y lo ha logrado, al menos hasta ahora. Una de las reformas estrella que el Gobierno quiere poner en marcha en esta legislatura es la de la administración local. Hay muchos puntos de encuentro entre PP y PSOE, pero hay escollos que tal vez no logren salvarse.

-¿Por qué no ha sido posible aún el acuerdo entre Gobierno FEMP, PP y PSOE para la reforma de la administración local?

-Es lógico que un acuerdo de esta trascendencia, que supone la reforma de las administraciones locales, requiera su tiempo. No ha sido posible todavía porque se está trabajando en ello pensado que el acuerdo va a ser posible, porque hay voluntad entre todas las partes. Es muy importante cerrar un pacto de estado que comience con PP y PSOE, pero al que se puedan unir todas las fuerzas políticas para ganar estabilidad.

-Usted está logrando que no haya fisuras en la FEMP con los representantes del PSOE. ¿Distan mucho las propuestas y pretensiones del PSOE y las del PP?

-Nuestro objetivo, y puede resultar un tanto extraño en este convulso mundo político, es que que todos los acuerdos de la FEMP se aprueben por unanimidad. Somos conscientes de que en una crisis económica de calado, como esta, hay más cosas que nos unen a todos los partidos políticos como país, que lo que nos pueda distanciar la ideología.

-Al final, parece que lo más trascendente de esta reforma va a ser la limitación de los sueldos de los alcaldes. ¿Este es el principal problema de los ayuntamientos?

-Que el debate sobre la reforma se esté centrando en los medios de comunicación en el sueldo de los alcaldes es algo que debemos lamentar todos y muestra hasta que punto no estamos prestando atención a lo realmente importante. Lo de los sueldos no supone la solución real del problema de los ayuntamientos y, sin embargo, este debate genera una sensación y un ambiente en torno a la política y a los políticos que no se corresponde con el día a día de la mayoría de los concejales y alcaldes de España que no cobran nada y que afrontan con responsabilidad institucional, política y personal los problemas de los ciudadanos.

-El Gobierno italiano adoptó la decisión de eliminar provincias y fusionar municipios. ¿Podría ocurrir lo mismo en España?

-El ahorro se logra en la forma de gestionar y prestar los servicios públicos. Por ello es fundamental evitar duplicidades competenciales. Los ayuntamientos tenemos una gran responsabilidad en materia de servicios sociales que, sin embargo, son competencias de las comunidades autónomas que se la traspasan a los ayuntamientos sin financiación.

-Entiendo que está reducción no está encima de la mesa

-No. Donde se produce el gasto no es en la entidad territorial, sino en la gestión de la entidad territorial. Los ayuntamientos emplean anualmente unos 10.000 millones de euros en competencias impropias. Dos tercios de las competencias impropias que desarrollamos son en servicios sociales, que prestamos por una obligación moral, pero deberían prestarlos las autonomías.

-Parece que las comunidades autónoma no están por la labor de que el Gobierno les descuente de manera automática sus deudas con los ayuntamientos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

-Si uno presta un servicio, tiene que percibir una retribución por ello. No es una cuestión que deba debatirse mucho, es una cuestión de justicia, porque las comunidades autónomas no están pagando. El mecanismo del FLA inyecta liquidez a los gobiernos regionales para pagar a proveedores, pero es que los ayuntamientos somos proveedores de las comunidades autónomas y, hasta ahora, somos los únicos proveedores que nos estamos quedando al margen de estos pagos.

-¿Esta reorganización de la administración local que plantea el Gobierno desatará una ola de despidos colectivos de personal laboral?

-No se están poniendo encima de la mesa despidos laborales, sino la optimización de nuestros propios recursos para prestar servicios públicos.

-El Gobierno, pese al rechazo inicial, mantiene su propuesta de que los municipios de menos de 5.000 habitantes deleguen sus principales competencias a las diputaciones. ¿Saldrá adelante?

-Esta es una de las cuestiones que más se está debatiendo, pero no está cerrado y es pronto para poder pronunciar quién, cómo, cuándo y de qué manera, podrá ceder competencias. De cara a mejorar la eficiencia, se analiza la posibilidad de que aquellos ayuntamientos que no puedan, porque no tienen recursos, prestar servicios de calidad, puedan ser prestados por entes supramunicipales, consiguiendo con ello una mejora en la eficiencia por la vía de la economía de escala.

-¿La reforma se aprobará en 2013?

-(sonríe) La aprobación inicial será en enero, sin duda, y luego durante su tramitación posterior se cerrarán acuerdos.