RAJOY FRENA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

La Constitución española seguirá peinando canas. Al menos, durante esta legislatura. Mariano Rajoy no quiere oír hablar de reformarla. Considera que, tras 34 años de vigencia, sigue sin salirle una sola arruga. Alfredo Pérez Rubalcaba es partidario de lo contrario. El líder del PSOE aboga por una urgente cura de rejuvenecimiento que ayude a aplacar las tensiones territoriales -sobre todo con Cataluña- y que apuntale el estado del bienestar.

Rajoy pregona a los cuatro vientos su incondicional apoyo a la Carta Magna, pero lo que realmente le empuja al inmovilismo en esta materia es su temor a que una vez abierta la veda, el afán revisionista pueda agrietar la estabilidad política de la que España presume en Bruselas. Cataluña y el País Vasco serían, en este sentido, dos epicentros de una polémica que el PP ni desea ni sabe como enfrentar.

El presiente del Gobierno, fiel a esa ambigüedad controlada en la que se mueve como pez en el agua, recuerda que él mismo ha votado dos reformas de la Constitución, pero que ahora no toca, porque no es perentorio. «La prioridad hoy es la estabilidad política, que es un factor muy determinante para afrontar una crisis económica», explicó el pasado viernes el jefe del Ejecutivo durante su comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance de su primer año en la Moncloa.

Rajoy, por un lado, muestra su faz hermética al enfatizar que para dar ese decisivo paso hay que tener los objetivos muy claros: rozar la unanimidad entre todas las fuerzas políticas y, sobre todo, aguardar el instante preciso. «Pocos brindis al sol con este tema -sentencia- porque los artículos de la Constitución son las reglas del juego de nuestra convivencia y es lo que nos une a los españoles».

Sin embargo, no quiere dar imagen de cerrazón y expone que no tiene ningún inconveniente en redefinir la Carta Magna. Recuerda, de hecho, que ya se ha modificado en dos ocasiones: después del Tratado de Maastricht (1992), para que ciudadanos de países de la UE pudieran votar en las elecciones locales de España y otra, hace poco más de un año -aprobada en solitario por PSOE y PP- para introducir el pacto de estabilidad presupuestaria, que entre otras cuestiones impide a las administraciones públicas gastar más de lo que ingresas.

El presidente del Gobierno no se cansa de alabar la capacidad que tuvo la Constitución de unir hace 34 años a personas que venían de la dictadura franquista o del exilio con aquellas que no venían de ninguna parte pero que tenían planteamientos distintos. Al amparo de este contexto, apostilla Rajoy, España ostenta el mayor nivel de autogobierno y de descentralización administrativa de su historia.

A su juicio, un claro ejemplo de la capacidad de la Carta Magna para amoldarse a los nuevos tiempos, es que bajo su tutela España ha cambiado de moneda (de la peseta al euro) y se ha convertido en un miembro de pleno derecho de la Unión Europea, lo que ha supuesto ceder soberanía en política monetaria y cambiaria. Además, el país se ha sometido de manera voluntaria a tratados que restringen su capacidad bancaria y fiscal.

Sucesión al trono

Rajoy, en síntesis, opina que la Constitución «está perfectamente preparada para abordar lo que pueda ocurrir en España en los próximos diez años». Un posicionamiento que todos los barones del PP siguen a pie juntillas. María Dolores de Cospedal, número dos del partido y presidenta de Castilla-La Mancha, solo introduce un matiz: lo único que eliminaría sería la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona. La Casa Real también se muestra a favor de esta permuta, pero su ejecución supondría aquello que quiere evitar Rajoy a toda costa: una reforma agravada de la Carta Magna.

Ello implicaría un trámite complejo y costosos desde el punto de vista político y económico, según el PP. En primer lugar, las cámaras legislativas deberían dar su consentimiento por una mayoría de dos tercios. El siguiente paso sería la disolución de las Cortes Generales y por tanto a la celebración de las consiguientes elecciones. Las nuevas cámaras, tanto el Congreso como el Senado, con su nueva composición, tendrían que proceder a ratificar la voluntad de hacer la reforma, que bastaría con una mayoría simple. Más tarde, se procedería al estudio y al debate de la reforma constitucional y del nuevo texto, que necesita ser aprobado por una mayoría de dos tercios de cada cámara. Y aún quedaría el último remate: que los ciudadanos la respalden en referéndum.

Los socialistas no niegan que ese procedimiento, nunca utilizado, es farragoso y que su aplicación suscrita dudas prácticas ya expuestas por el Consejo de Estado en su informe sobre la reforma constitucional que planteó José Luis Rodríguez Zapatero durante su primera legislatura. Tanto es así, que en la dirección del partido afirman que en una eventual reforma habría que eliminarlo. «Se hizo porque en 1978 existía un temor fundado a que la Constitución no durara, pero ha durado 30 años; ya está consolidada», dicen. Sin embargo, insisten que no hay razón para retrasar la, a su juicio necesaria, puesta la punto de la Norma Fundamental, un texto en cuya votación no pudo participar un porcentaje elevado de la población actual, todos los menores de 52 años.

Insoslayable

Lejos de desanimarles, la crisis institucional en la que está inmersa España les ratifica en su convicción de que el momento de abrir el melón es ahora. Incluso aseguran que, aunque a priori le ponga pegas, el PP se convencerá tarde o temprano de que no hay otro camino. En realidad, no siempre los populares estuvieron tan cerrados a dar este paso. En su libro 'España. La segunda transición', pubicado a principios de los noventa, Aznar abogaba por reformar la Constitución para que el Senado fuera Cámara de representación territorial, y sostenía: «Es mejor asumir el riesgo de no acertar que permanecer anclado en la perplejidad, reconociendo la existencia de un problema y resistiéndose a afrontarlo».

Eso, la reforma del Senado, es una de las propuestas que el PSOE sigue poniendo ahora sobre la mesa pero la enmarca dentro de un cambio más amplio para avanzar hacia un modelo federalizante (o más federalizante que el autonómico, que ya tiene elementos de un Estado federal). Rubalcaba sostiene que abrir un diálogo entorno al funcionamiento del sistema y el reparto competencial podría servir para encauzar la deriva secesionista impulsada en Cataluña por CiU y ERC. Pero en todo caso precisa que habría que fijar las competencias indelegables del Estado en la Constitución; algo que ya proponía el PP en su programa de 2008 para imposibilitar su vaciamiento vía Estatutos de autonomía.

La propuesta de los socialistas, aún por perfilar, tiene otras dos patas. Defienden que es el momento de cambiar el sistema electoral porque la sociedad reclama más participación. En su programa electoral Rubalcaba ya apostaba por una modificación de la Loreg para que las listas de candidatos a las elecciones generales sean desbloqueadas y, entre otras cosas, proponía crear una circunscripción en el Senado para que los emigrantes elijan a cuatro representantes en la Cámara alta. La Conferencia Política que el PSOE celebrará en otoño profundizará en otros aspectos.

Pero la reforma que ahora defiende el principal partido de la oposición con más ahínco es el reconocimiento de la sanidad como derecho fundamental, al mismo nivel que la educación. Eso permitiría blindar jurídica y políticamente, según su criterio, ese servicio público y permitiría garantizar un mínimo de cohesión en el Estado del bienestar.