La Policía detiene a la cúpula de una de las principales empresas de seguridad de España

Golpe policial a una de las mayores compañía de seguridad y servicios de España. Efectivos de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional detuvieron ayer a la cúpula del grupo empresarial Esabe, acusada de un fraude a la Seguridad Social cercano a los 30 millones de euros, además de alzamiento de bienes, insolvencia punible, falsedad documental y competencia desleal, por conseguir innumerables concursos públicos mintiendo sobre su capacidad real.

Según informaron mandos del operativo, entre los arrestados por orden del juzgado de instrucción número 37 de Madrid se encuentran los dueños y máximos gestores de este grupo con quince años de vida y para el que trabajan 4.000 personas en todas las comunidades autónomas, principalmente como vigilantes en edificios públicos, pero también en centros comerciales, complejos urbanísticos, obras, polígonos industriales, oficinas, fábricas, centrales de seguridad electrónicas y alarmas, vídeo vigilancia y transporte de capitales en vehículos blindados.

Los funcionarios, que durante 20 meses llevan investigando a los directivos de la firma, realizaron también al menos ocho registros (sobre todo en Madrid, donde se encuentra la sede), en busca de pruebas documentales de los supuestos millonarios desfalcos de las cuatro divisiones de este holding: Esabe Limpieza, Esabe Direct, Esabe Auxiliares y Esabe Transportes Blindados. Los impagos y presuntas irregularidades de este grupo -señalaron los investigadores- podrían llevar a la empresa a una situación de «inviabilidad financiera» y a la administración judicial con vistas al cierre.

La Asociación de Empresas de Servicios de Seguridad Privada (Aproser) se felicitó por la operación contra esta firma, a la que acusó de haber practicado durante años la competencia desleal en el sector, haciéndose con multitud de contratos públicos. Este colectivo, que agrupa a 13 empresas de seguridad privada con cerca de 100.000 trabajadores, aseguró que la actuación de Esabe «ha supuesto un destacado factor de competencia desleal frente a las empresas que, como las integradas en Aproser, han actuado con escrupuloso respeto a la ley.

Falta de control

Aproser aprovechó esta operación para denunciar la falta de controles de las instituciones a la hora de la contratación de estos servicios. «Adjudicar exclusivamente en base a criterios de precio lleva a prácticas como las que han sido objeto de esta operación», apuntó la asociación, que lamentó que los procesos de contratación pública, que suponen en torno al 30% de las actividades del sector, no se rijan en muchos casos por «parámetros básicos» como debieran ser la «calidad» o «el estricto cumplimiento de la normativa».

Mandos policiales confirmaron las denuncias de Aproser y explicaron que Esabe se hizo con concursos más allá de sus capacidades y por precios mucho menores del mercado, mientras que se negaba a pagar a sus trabajadores y a la administración. UGT afirmó ayer que Esabe adeuda a sus empleados hasta seis nóminas y pidió responsabilidades particularmente a la Comunidad de Madrid, una de las administraciones que ha favorecido con adjudicaciones al grupo bajo sospecha.